El 7 de febrero, tras el Consejo de Gobierno, la portavoz y titular de Justicia, Idoia Mendia, anunció que el Ejecutivo de Patxi López había decidido trasladar al fiscal las irregularidades detectadas en la contratación informática del Departamento entre 2000 y 2009 y valoradas en 23 millones de euros. Denunciaba públicamente que había trabajos pagados que no se habían realizado, trabajos pagados varias veces y aseguraba Idoia Mendia que había contratos que «no eran sino una justificación formal para obtener financiación». En esta primera comparecencia no se dieron nombres ni de funcionarios ni de empresas, pero enseguida se conocieron al filtrarse informes.

Días más tarde, en el Parlamento, tanto la consejera, Idoia Mendia, como la viceconsejera de Justicia, Victoria Cinto, elevaron el tono de sus acusaciones, añadiendo a las anteriores la de que se «se falta a la verdad en documento público».

Sin embargo, tras escuchar a todas las partes, el fiscal superior del TSJPV, Juan Calparsoro, ordenó ayer el archivo de las diligencias, «por no haberse acreditado hechos constitutivos de delito». No hay delito en la actuación de la ex directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, ni tampoco en la de la jefa del Servicio de Informática Judicial, Ana Molina. Tampoco hay delito alguno en las actuaciones de las empresas Indra e Ibermática, que eran las acusadas por Lakua. Según explica la Fiscalía, los posibles desacuerdos que pueda haber entre las empresas y la administración tienen «otro cauce de solución que no es el Derecho Penal».

Lo llamativo de esta denuncia es que el Gobierno de Lakua decidió hacer públicas las supuestas irregularidades más de un año después de haber llegado a un acuerdo con ambas empresas, en las que estas se comprometían a terminar los trabajos no entregados, pero el Gobierno les pagaba 5 millones de euros por otras labores realizadas y no consignadas en su momento.

También resultaba sumamente extraño que el Departamento de Justicia, pese a asegurar públicamente que las empresas habían reconocido el cobro de trabajos no realizados, seguía contratando a ambas para nuevas labores e incluso se les concedían subvenciones.

Lakua: «Hicimos lo correcto»

Tras conocer el archivo de las diligencias, por no existir delito en las actuaciones que le remitió el Gobierno de Lakua, el Departamento de Justicia hizo pública una nota en la que afirma que «acata la decisión adoptada por el fiscal».

Dando un paso adelante, asegura «que el Gobierno Vasco hizo lo correcto y exigible al no mirar para otro lado y remitir al fiscal las irregularidades detectadas en la investigación interna, para que tuviera conocimiento de ellas y estudiara si de las mismas podía derivar alguna responsabilidad delictiva».

La nota de la Consejería de Idoia Mendia recoge dos pasajes del decreto de archivo de las diligencias y destaca que «el propio fiscal califica de `encomiable' el `control exhaustivo del uso de los recursos públicos' de los actuales gestores del Departamento de Justicia y, por el contrario, afirma que `no parece que se actuara con el mismo nivel de exigencia' por parte de la anterior Administración».

Por último, la nota gubernamental señala «que el Gobierno Vasco, a diferencia de otros casos, no tipificó las irregularidades detectadas, ni dirigió la acusación contra nadie».

Esta afirmación no es del todo cierta, puesto que en la comparecencia parlamentaria del 22 de febrero, la consejera, Idoia Mendia, y la viceconsejera Victoria Cinto pusieron nombres, apellidos y hasta concretaron relaciones personales con las personas acusadas, añadiendo la tipificación de algún delito como la falsedad documental.