El anuncio de que el Gobierno de Patxi López ponía en manos del fiscal «las irregularidades detectadas en la contratación informática de Justicia» salió del horno oliendo raro. Con Idoia Mendia vestida de rojo para la ocasión y los medios avisados de lo que venía, la rueda de prensa dejó más interrogantes que respuestas y aseveraciones que, luego supimos, no eran más que medias verdades. Justicia tenía la intención de tirar la piedra pero hacer como que no había salido de su mano. No dio nombres, aunque se preguntó por ellos, pero poco tardaron los informes acusatorios en llegar a algunas redacciones.

Pero si algo no cuadraba con los parámetros más elementales de la lógica es que el Gobierno asegurara que las empresas adjudicatarias, en sus reuniones con el fallecido viceconsejero José Manuel Fínez, habían reconocido «la falta de ejecución de muchos trabajos contratados y su cobro íntegro». Sin embargo, no solo constaba que el Departamento de Justicia seguía trabajando con esas empresas, sino que no hubo forma de que Idoia Mendia informara de qué tipo de explicaciones habían dado las firmas para justificar su actuación. Parecía protegerlas. Todo tenía apariencia de dislate. Porque si te cobran trabajos no realizados te están estafando y nadie vuelve a contratar a quien le estafa.

La pieza que faltaba en ese puzle, la otra mitad de la media verdad, era que la empresas reconocían que había trabajos cobrados y no finalizados, pero el Gobierno también reconocía -y esto se ocultó- una deuda de unos cinco millones de euros con estas empresas, por servicios y mantenimientos que siguieron realizando sin contrato.

Es decir, entre los servicios informáticos de Justicia y estas empresas había una relación histórica de trabajo en común que probablemente no se atenía a los estrictos cauces administrativos (lo cual, obviamente, debe corregirse), pero que tampoco tenía nada de delictivo (como demuestra ahora el fiscal), ni escondía «una forma de obtener financiación» -acusación realizada formalmente por Idoia Mendia en rueda de prensa-, ni enriqueció a los altos cargos implicados (según los informes de la Ertzaintza).

Pero hay elementos que perturban aún mas todo lo relacionado con esta turbia denuncia. Uno es que se encargara la auditoria a Versia, competidora de las dos empresas cuestionadas y cuyos informes, según los denunciados, contienen errores, confusiones y conclusiones falsas.

Otro elemento que no hace sino añadir un toque novelesco al caso es que la viceconsejera de Justicia, la juez Victoria Cinto, aseguró en el Parlamento que «la señora Inmaculada De Miguel (principal acusada) y yo éramos íntimas amigas», pero luego aprovechó confidencias de amigas para afianzar sus acusaciones. Y tampoco dejó muy bien su trabajo en la informatización de la Justicia, incluyendo engaños sobre la realidad en congresos.

Por último, hay un movimiento de difícil explicación. Si en diciembre de 2010 se había llegado a un acuerdo con las empresas que ponía el contador a cero, ¿por qué a instancias de Victoria Cinto el caso llega trece meses después a la denuncia pública que pone todo patas arriba?

Después de todo, al final resulta que no hay delito por ninguna parte. A lo sumo, las «incidencias administrativas» de las que habló el lehendakari en un foro gasteiztarra. López dijo allí que no quería echar más leña al fuego, pero hubo que ver la hostilidad con la que Mendia y Cinto contestaron días después a los parlamentarios que osaron cuestionar la pertinencia del follón montado.