La Asamblea por el derecho a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) denunció en un comunicado la pésima gestión de Lanbide y exigió a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que garantice el cumplimiento de la ley de cara a que todos los afectados reciban la ayuda corresondiente.

Según explicó la asamblea, «ironía o burla, ni se garantizan los ingresos ni se garantiza la inclusión social». Criticó la «pésima» gestión que desde Lanbide se está llevando a cabo y puso como ejemplo el retraso en la informatización de los expedientes. Asimismo, denunció la suspensión cautelar de la RGI por estar los solicitantes ilocalizables.

Recordó, no obstante, que la ley obliga que la resolución de expedientes se efectúe en menos de dos meses por lo que reclamó a Lakua que cumpla con sus deberes y respete el derecho a recibir una renta mínima.