La Policía hondureña comenzó las operaciones de desarme en una rica zona agrícola del noroeste de Honduras para intentar apaciguar un conflicto entre campesinos y latifundistas por la tenencia de miles de hectáreas, que se ha saldado con 78 muertos en tres años.

En un control en la carretera que une Tocoa y Trujillo, una veintena de policías con armamento pesado detenían todo el tráfico, incluso carros arrastrados por caballos, para detectar y requisar armas, mientras se informaba de nuevos intentos de ocupaciones. Miles de campesinos mantienen ocupadas 7.000 hectáreas de latifundistas en el Valle del Aguán. El pasado miércoles, el Congreso hondureño prohibió portar armas en la zona, restricción que no afecta a los servicios de seguridad de las empresas allí asentadas. «Se prohíbe en el departamento de Colón la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego y las autoridades procederán al decomiso, exceptuando a las empresas que para el funcionamiento de su actividad requieran del servicio de seguridad privada», establece la norma.

«Por una parte, el desarme es bueno porque aquí hay mucha delincuencia, pero los que andan armados son los guardias de los terratenientes porque los campesinos solo tienen pequeños machetes», resaltó a AFP Arnulfo López, de 66 años.

La orden de desarme fue criticada por los dirigentes campesinos, que la calificaron de parcial. «Este desarme parcial está blindando las operaciones de los guardias sicarios de los terratenientes», denunció el dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Yoni Rivas.

En su página web, denunció la muerte de otro de sus dirigentes, Matias Valle Cárdenas, de 50 años que recibió tres impacto de bala a la altura del tórax.

Asimismo, pidió el «acompañamiento» de los organismos de derechos humanos hondureños e internacionales «a esta lucha campesina por la vida» e instó al presidente, Porfirio Lobo, a «frenar esta violencia contra los campesinos». En 2010, este movimiento perdió a diez integrantes y otros muchos recibieron amenazas de muerte.

El conflicto se originó tras la aprobación en 1992 de una ley que convirtió la tierra en una mercancía que se podía comprar y vender. Ante el abandono estatal, las cooperativas campesinas se vieron obligadas a vender sus propiedades y estas quedaron en manos de unos pocos terratenientes que reconstituyeron latifundios en unas 20.000 hectáreas para plantar palma africana, actualmente cuarto rubro de exportación del país.

En los últimos años y ante la falta de una reforma agraria y el olvido del Gobierno, los campesinos han dedicido recuperar sus ancestrales tierras por medio de ocupaciones.

En medio de esta militarización, Roger Pineda, portavoz de Dinant, una de las compañías propietarias de las tierras, afirmó que «el Ejército y la Policía deberían de actuar de oficio para devolver la tierra a sus legítimos dueños».