Después de que el pasado 23 de julio la Audiencia guipuzcoana dictará sentencia condenándole a once años de prisión, el exjefe de la Hacienda de Irun José María Bravo ingresó en la noche del jueves en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), según informaron fuentes judiciales. Bravo deberá hacer frente a una condena por diferentes delitos relacionados con el fraude que cometió durante los años en los que gestionó la agencia tributaria de Irun.

Bravo se encontraba en libertad, ya que la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa no es firme. No obstante, la misma semana en que se hizo pública la condena, la Fiscalía solicitó la prisión provisional al entender que existía riesgo de fuga, petición a la que el tribunal atendió.

El auto dictado el jueves por la Sección Primera de la Audiencia guizpuzcoana fija, según varios medios, una fianza de 800.000 euros para que Bravo pueda eludir la prisión.

Depurar responsabilidades

Bravo fue condenado a once años de cárcel y a diferentes penas de inhabilitación y multas como responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, así como de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes.

Además, deberá devolver a la Hacienda guipuzcoana 1,9 millones de euros, más los intereses correspondientes por el dinero desviado y los perjuicios ocasionados a la institución pública.

Asimismo, la audiencia le impuso 16 años de inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo o empleo público y nueve de inhabilitación especial para cualquier trabajo público con significación tributaria.

La fiscalía solicitó 24 años de prisión para Bravo, mientras que la acusación particular, ejercida por la Diputación y las Juntas Generales, pidieron una condena de 27 años de cárcel.

Tras conocer la sentencia, la acusación particular se mostró satisfecha y recalcó el hecho de que los guipuzcoanos recuperarán el dinero que Bravo defraudó. No obstante, reclamó que se depuren responsabilidades políticas en este caso y recordó que en los años en los que Bravo cometío los delitos era el PNV el que gobernaba. PSE y EH Bildu coincidieron en esta cuestión mientras que PNV se limitó a acatar la sentencia.