El sindicato denunció a través de un comunicado la «opacidad» con la que las Haciendas de la CAV están gestionando la recaudación de las vacaciones fiscales. Asimismo, recordaron que desde un principio solicitó que se dejaran sin efecto «por el trato de favor que suponían para las empresas» y añadió que aquellas «vacaciones» costaron a las arcas públicas más de 700 millones de euros.

Según la central, desde que la Unión Europea declaró ilegales las conocidas como «vacaciones fiscales», la falta de transparencia por parte de las instituciones continua. En concreto, señaló que el sindicato tiene sospechas de que las diputaciones de Araba y Bizkaia «están trabajando algún tipo de componenda para eximir de ese pago a las empresas».

Antes esta situación, ELA consideró que se ha hecho una «perversa utilización del Concierto Económico» y añadió que «defienden y aprueban políticas fiscales orientadas a primar y proteger a las rentas altas de capital». La central censuró que este tipo de actuaciones son las que han llevado a la actual situación de crisis, por lo que hizo un llamamiento a las instituciones a que en su presupuestos primen las necesidades sociales.