Alrededor de treinta asociaciones, ONG y organizaciones sociales y sindicales constituyeron ayer en Iruñea la Cumbre social de Nafarroa para coordinar de manera unitaria la oposición a los recortes del Ejecutivo español. Esta iniciativa, responde a la emprendida en el conjunto del Estado español por UGT y CCOO y que reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy un «referéndum vinculante» sobre sus políticas.

En Nafarroa apoyaron la iniciativa los sindicatos CCOO, UGT, Solidari, CSIF, SPA, USO, APF, AUGC y SUP, la organización de autónomos UPTA, la Apyma Herrikoa, el Consejo Navarro de Juventud, el Sindicato de Estudiantes, la asociación de estudiantes Sadar, las Juventudes Socialistas, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, Ecologistas en Acción de la Ribera, y las asociaciones de jubilados ANAJUP, UPJP y Lacarra.

También se sumaron la coordinadora de ONG, el Colegio de Trabajo Social, la Plataforma por la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia, Axola, y la Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria, aunque hay otra quincena más de colectivos pendientes de confirmar su aprobación.

Sus promotores explicaron que los objetivos son de similar espíritu que la Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos en Navarra, constituida en junio, aunque en este caso no hay presencia de partidos políticos.

Varias citas

La Cumbre social navarra nace con el objetivo de movilizar a la ciudadanía y de impulsar la acción conjunta contra los tijeretazos de Rajoy. De este modo, decidieron poner una cita todos los viernes a las 11.00 horas ante la delegación del Gobierno español. Señalaron que convocarán más movilizaciones que irán cerrando en las próximas semanas.

El secretario general de UGT de Nafarroa, Juan Goyen, censuró ante los medios de comunicación el «golpe» dado a toda la sociedad para que «todos los ciudadanos excepto los poderes económicos y el capital, seamos esclavos».

José María Molinero, secretario general de CCOO de Nafarroa, incidió en la «gravedad extraordinaria» de la situación y añadió que supone «un fraude electoral porque se imponen políticas no validadas por la mayoría». En este sentido, abogó por una «democracia sana y real» y reclamó una consulta popular sobre las políticas del Gobierno español.