Cuenta la Biblia que Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac sin confesarle siquiera que era precisamente él, su vástago, el sacrificio que se disponía a ofrecer a Dios. Estaba a punto de cumplir la orden divina cuando un ángel apareció y le dijo: «No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo». Mucho nos tememos que el episodio no dista demasiado del que ocupa las portadas de los periódicos en las últimas semanas.

El presidente del Gobierno del Reino de España, Mariano Rajoy, presentó el navajazo en el cuello del pueblo en forma de recortes, subida del IVA y reducción de las cotizaciones sociales, bajando así parte del salario de las personas trabajadoras. Para justificar el atropello, el sucesor de Aznar afirmó que era el momento de «aceptar el sacrificio y renunciar a algo» en vez de «rechazar los sacrificios y renunciar a todo». La todopoderosa Banca pide sangre y no enviará a ningún ángel a detener a Abraham. Ha de ser el pueblo el que se libere y se rebele, pues aceptar el sacrifico ahora significa renunciar a todo.

Rajoy dijo que la ayuda a España no llevaba condiciones impuestas. Tras ver el memorando de entendimiento, MoU, en el que se marcan las exigencias que ha seguido punto por punto, es evidente que mentía, y por partida doble. La ayuda no es a España; es una ayuda a la banca alemana y al resto de acreedores de la banca privada. Además, las condiciones leoninas impuestas solo servirán para agravar aún más la mala situación económica de las clases más desfavorecidas, colocando al Reino de España en la antesala de otro rescate por no ser capaz de pagar la deuda. La vigilancia para que se cumplan todas las condiciones impuestas estará en manos del BCE, la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.

A diferencia de la troika vigilante de Grecia, los ortodoxos del FMI, que recientemente había sugerido una quita hipotecaria para mitigar el lastre de la deuda privada, han sido sustituidos por la Autoridad Bancaria Europea, entidad que dice promover la estabilidad del sistema financiero y la transparencia de los mercados y productos financieros y tiene su sede en el corazón de la opaca City londinense.

El navajazo supone la subida del IVA, impuesto que grava a los contribuyentes por igual independientemente de su capacidad económica. Los bienes empleados en actividades agrícolas y ganaderas pasan del 8 al 21%, mientras Montoro admite que pagarán justos por pecadores (quienes defraudan el IVA y los que aprovechan la amnistía fiscal o quienes se aprovecharán de las deducciones por patrocinar el enésimo intento olímpico de la capital del Reino). También supone la rebaja de las cotizaciones sociales en perjuicio del sistema público de pensiones y reduce las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes con el pretexto de incentivar la búsqueda de un trabajo inexistente.

Los recortes suman 65.000 millones de euros, pero se olvidan de recortar las obras social y medioambientalmente insostenibles o figuras antediluvianas como el Ejército, la Monarquía o el Senado. También rebajan, de nuevo, el sueldo al funcionariado (regalándole parte de sus sueldos a la banca) y reducen la contestación y el control político al eliminar el 30% de las y los concejales.

Podría parecer que no han dejado títere con cabeza pero, lamentablemente, podemos tener la certeza de que los recortes no acaban ahí: la rebaja de las pensiones y la aceleración en el retraso de la edad de jubilación están a la vuelta de la esquina.

Desde la aprobación del Tratado de Maastricht, pasando por el Tratado de Lisboa y la reforma de la inmaculada Constitución para incluir el límite al déficit público, el Reino de España ha ido renunciando paso a paso a sus herramientas para hacer política económica. El memorando MoU marca las 37 condiciones que tiene que cumplir el sistema financiero español, incluso apostilla que si quiere tomar alguna medida que no esté incluida tienen que pedir permiso a los vigilantes. Esta renuncia a la soberanía, el tener que pedir permiso a terceros, se vio reflejada en las declaraciones del ministro de Exteriores, García-Margallo, cuando señaló que «es una estupidez hablar ahora de soberanías nacionales, porque vivimos en un mundo de soberanías compartidas».

El MoU también establece que España confeccionará una ley para obligar a las cajas de ahorro a tener una participación inferior al 50% de los bancos. Cuando esto suceda, las cajas vascas dejarán de controlar Kutxabank y solo faltará un paso para perder la obra social.

Así pues, queda en evidencia que los bienintencionados límites que se negociaron desde las entidades fundadoras en Gipuzkoa no han sido suficientes para paralizar la privatización, lo cual es más doloroso en estos momentos en los que una banca pública es tan necesaria.

La solución, una vez más, va en la dirección contraria a las medidas adoptadas. Si las entidades financieras eran demasiado grandes para dejarlas caer, no se entiende que la solución de Europa fuese plantear nuevas fusiones. Antes de rescatar la banca privada, habría que estudiar por qué esa deuda tiene que ser cubierta por la ciudadanía.

Cuando la banca alemana de Ackermann compraba esa deuda, ¿acaso ignoraba que jamás podría devolverse? Es necesaria una auditoría para decidir qué parte de la deuda es ilegítima, qué parte se paga y cuál no.

Las políticas e intervenciones futuras ponen el beneficio y la renta financiera por encima de todo. La austeridad, los recortes de derechos, la privatización son todas políticas de desposesión y depredación social. La solución pasa por la distribución de renta y riqueza, y por la ampliación de los derechos sociales. No aceptaremos sacrificios, ni a Dios ni a la banca.