El fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, aseguró ayer en una entrevista concedida a Europa Press que si la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo respecto a la denominada «doctrina Parot» se convierte en firme «sin duda alguna obligará al Estado español» a su cumplimiento.

Cabe recordar que el pasado 10 de julio Estrasburgo estimó el recurso presentado por la presa navarra Inés Del Río y decretó que la prórroga de su encarcelamiento vulneró su derecho a la libertad. El Gobierno español, lejos de dar cumplimiento a esta sentencia, anunció que presentará un recurso. Calparsoro consideró que el Ejecutivo del PP «tiene argumentos importantes y de peso, que coinciden con votos de las sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional».

A su juicio, la sentencia de Estrasburgo «es importante y condiciona muchas cosas», entre las cuales citó que podría suponer la excarcelación de «todos los presos que están en esa situación» y «entorpecer» extradiciones de ciudadanos vascos.

Preguntado por los terceros grados o acercamientos que se hayan podido producir en los últimos meses, indicó que las penas privativas de libertad «son penas que se imponen individualmente, no a colectivos», y los beneficios penitenciarios se aplican de igual manera.

«En Derecho Penal se juzga a personas, no a grupos y organizaciones, y las penas se cumplen por las personas y son las personas las que deben reinsertarse individualmente. Para cada penado, la salida tiene que ser necesariamente individual», apostilló.

No obstante, para Juan Calparsoro la disolución de ETA «sería muy importante» porque «el grupo sigue existiendo y sigue siendo un delito la formación de una organización terrorista, mantienen armas, dinero de lo que hayan podido recaudar en sus extorsiones a personas y mantienen una cierta infraestructura».

En este sentido, indicó que que «en la medida en que subsiste la organización ilegal y clandestina, el delito subsiste, aunque no con la gravedad que cuando mantenía abiertos todos los frentes. Hasta que no se disuelvan, existe el hecho criminal, y la disolución sería un paso determinante para un cambio de la situación».