Mientras Iosu Uribetxeberria cumple otro día en huelga de hambre, 35 presos políticos vascos encarcelados en Villefranche sur Sâone, Fresnes, Sevilla II y Castello II, han decidido emprender también un ayuno como muestra de solidaridad. Asimismo, en la calle se suceden las movilizaciones para exigir su puesta en libertad, como corresponde por ley a una persona con el cuadro médico que presenta el represaliado arrasatearra. Más allá de intentos de veto o amenazas, la sociedad ha tomado conciencia de la gravedad de su situación y, por ejemplo, en las redes sociales las palabras de ánimo y demandas de liberación se multiplican.

Uribetxeberria, una persona que lleva quince años encarcelado, ha visto cómo en este tiempo enfermaba de gravedad y que su dolencia se complicaba precisamente por estar en la cárcel. Ahora, ha decidido adoptar una medida tan extrema como último recurso para lograr que sus captores entren en razón. Y ha tomado esa decisión, fundamentalmente, por dignidad, tal como explicó en la entrevista publicada el miércoles en este periódico. Sucede, sin embargo, que tanto la huelga de hambre como las movilizaciones serían innecesarias solo con que el Gobierno del PP renunciara a dejar que la venganza y el chantaje guiaran su política carcelaria. Bastaría con que cumpliera la ley para que esta y otras situaciones difíciles se recondujeran.

Pero el Ejecutivo ha optado por tensar la cuerda hasta el límite, lo que además de suponer un obstáculo para cualquier solución puede tener un dramático desenlace. Carlos Urquijo, triste protagonista en los últimos días, fijó ayer la posición de Madrid al afirmar que le da igual lo que suceda con Uribetxeberria. Una declaración de intenciones que obliga a intensificar las movilizaciones con un objetivo: lograr que deje de darles igual, que el coste social sea tan grande que se vean obligados a aparcar definitivamente tanta crueldad.