Los dos miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores detenidos por participar en el «asalto» a un supermercado de Écija (Sevilla) quedaron en libertad, pero imputados por un delito de robo y otro de coacciones. El valor de los productos sustraídos no supone una cantidad de dinero significativa; en realidad, se trató de una acción de carácter esencialmente simbólico. Sin embargo, las declaraciones condenatorias del acto por parte de determinados políticos y medios de comunicación españoles y la detención de dos miembros del sindicato parecían responder a una acción generadora de alarma. Una alarma que no les inspiran los desmanes de los causantes de la crisis económica o la corrupción protagonizada por miembros de los principales partidos estatales. Tampoco se alarman por los millones de parados en el Estado o por el empobrecimiento de la población como consecuencia de la política del Gobierno al servicio de los grandes especuladores. Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y objeto de todo tipo de insultos e imprecaciones, denunció la actitud de quienes no solo no persiguen, sino que ayudan a los causantes de la crisis económica, responsables del empobrecimiento de la población del Estado español. Y las detenciones de los miembros del SAT no han hecho sino reforzar los argumentos de esa denuncia.