El impulsor de la independencia cubana y poeta José Martí dijo que «robar un libro no es robar». La acción que un grupo de jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) realizó el pasado martes en dos grandes supermercados ha generado en el Estado español un intenso debate sobre la respuesta a la crisis económica.

El Gobierno español respondió con el arresto de dos jornaleros en Hornachuelos, Cádiz, y Cuevas de San Marcos, Málaga, que ayer quedaron en libertad con cargos y que deberán comparecer ante el juez cada vez que sean requeridos, y con la citación a declarar al alcalde de Marinaleda y miembro del Parlamento andaluz por IU, Manuel Sánchez Gordillo. El ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, avanzó nuevos tipos penales en la reforma del Código Penal que llegará al Congreso de los Diputados el próximo otoño y que prevén un endurecimiento de las penas contra a aquellas acciones que «alteren el orden público y la paz social». Mientras, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha pedido a IU «responsabilidad para no perjudicar la imagen de España en el exterior». Postura compartida por el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, que en declaraciones a la COPE aplaudió las detenciones y calificó de «barbaridad» llevarse sin pagar varios carros de comida para donarlos al Banco de Alimentos de Andalucía.

«Si quiere hacer algo, si quiere denunciar una situación, que lo haga por unos cauces que tiene a su disposición, porque no hay que olvidar que él es diputado -en alusión a Sánchez Gordillo- y, por tanto, puede hacerlo en la asamblea autonómica o desde tantas instituciones en las que está como representante de los ciudadanos», manifestó.

Hernando se mostró absolutamente de acuerdo con que las autoridades procedan «contra este tipo de situaciones y de actividades ilegales».

Frente a estas duras críticas, el secretario de Organización del SAT y también diputado en el Parlamento, Manuel Rodríguez, resaltó que «un millón de andaluces no pueden llegar a fin de mes, muchos sin prestaciones sociales, mientras que otros están enfermos de colesterol porque tienen demasiada comida».

Ante esta alarmante situación, consideró que «la gente tiene que rebelarse y hacer algo por ellos mismos, y si los vecinos de los barrios se organizan y van a los supermercados, no hacen más que justicia y no sería ningún disparate».

Incidió en que «una cosa es legalidad y otra justicia» y que «la historia avanza a veces transgrediendo las leyes». Puso como ejemplo a los esclavos que «se rebelaron contra la legalidad vigente entonces».

Una de las grandes superficies a la que entraron fue Mercadona, sobre la que destacó que «no es empresa modelo, sino todo lo contrario. Explota a pequeños campesinos y cooperativas imponiéndoles precios, y a sus trabajadores, cuyos sueldos en la mayoría de los casos no superan los 800 euros».

En solidaridad con sus compañeros, representantes del SAT en Granada tienen previsto presentar hoy en la Subdelegación del Gobierno escritos de «autoinculpación» dirigidos al Ministerio de Interior.

«Reconociendo mi cuota de responsabilidad por difundir esas denuncias y trabajar en la línea de generar un fuerte e inaplazable debate ciudadano (...) me autoinculpo de ser cómplice e inductor intelectual de las acciones llevadas a cabo», indica el documento.

En él señalan también que «el objetivo de tales acciones era denunciar la naturaleza profundamente injusta de las reformas legislativas impuestas en los últimos años contra los sectores económicamente más débiles de Andalucía», y advierten de que la actual situación es «ética y jurídicamente insostenible».

La acción promovida por Sánchez Gordillo ha generado también división de opiniones en el seno de IU, partido al que pertenece. Si el miércoles algunos de sus dirigentes decían compartir el fondo pero no las formas de la protesta, ayer el coordinador general del partido en Extremadura, Pedro Escobar, lamentó que no se le hubiera ocurrido a él una acción semejante, «perfectamente planificada por un sindicato muy reivindicativo y comprometido con los trabajadores», para generar un debate sobre el problema de no poder garantizar alimentos a toda la población en una época de crisis como la actual.

Subrayó que los productos incautados eran de primera necesidad, como arroz, azúcar y aceite, y no jamones de pata negra o botellas de whisky.

Escobar calificó de «escándalo» que se pueda llevar una máquina a Marte y, en cambio, no se puedan garantizar los alimentos a toda la población.

El portavoz económico de IU en el Congreso, Alberto Garzón, consideró «un completo éxito» la entrada en ambos supermercados, ya que «aun siendo una iniciativa ilegal, ha servido para remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente y ha golpeado el sistema. Por supuesto que no ha convencido a muchos, quizá a la mayoría, pero, por primera vez, ha golpeado con contundencia su sistema de ideas, el cual estaba muy asentado », escribió en su blog.

Desde Euskal Herria, tanto Amaiur como LAB respaldaron «la acción de solidaridad» del SAT «contra el hambre y por la dignidad».