El año pasado por estas fechas Zapatero propuso cambiar la Constitución para introducir lo que se conoce como la regla de oro que obliga a las administraciones a que sus cuentas no tengan déficit. Según ha revelado esto días el periódico ``La Vanguardia» este cambio constitucional no vino a raíz de una sugerencia del Gobierno alemán, sino que fue más bien una maniobra que se le ocurrió a Zapatero para salvar el tramo que quedaba hasta las elecciones sin hacer más recortes, que era precisamente lo que los alemanes realmente pedían. Los alemanes saben, como todo el mundo, que un hecho vale más que mil palabras y eso era lo que pedían, pero, Zapatero aprovechó astutamente el debate sobre la regla de oro que estaba dándose en Europa para proponer su inclusión en la Constitución y de esa manera volver a pagar con mil palabras y evitarse los hechos.

Así, el famoso artículo número 135 de la Constitución española pasó de tener un apartado y 68 palabras escasas, a contener seis apartados y casi 400 palabras. Este exhaustivo artículo fue aprobado con los votos de PP, PSOE y UPN. Muchas palabras que contienen cambios importantes como, por ejemplo, que las entidades locales no podrán tener déficit, mientras que el déficit del Estado y las autonomías se fijará por ley. Pero, sin duda, el cambio más llamativo es el de las nuevas garantías que la Constitución ofrece a los deudores. No pareció en aquel momento suficiente la garantía del Estado, así que pusieron negro sobre blanco en la Carta Magna, como gustan llamarla, que el pago de los intereses y la devolución del capital de los préstamos «gozará de prioridad absoluta».

Esto quiere decir, ni más ni menos, que con el dinero que se recaude, lo primero que se hará será pagar las deudas a los bancos, porque una administración también puede tener deudas con sus trabajadores, proveedores,...; pues bien, todos ellos quedan de segundo plato.

Así que todo aquello de que los presupuestos públicos están para atender los servicios públicos y las necesidades sociales es ya historia. Según la nueva redacción de la Constitución española el orden de prioridades ha cambiado: a partir de ahora lo primero es devolver la deuda a los bancos y después, con lo que sobre, se atenderá al sector público y a las necesidades de la gente. De manera que, si para algunos el Estado era la institución que detentaba el monopolio de la violencia y para otros era Estado la providencia que aseguraba ciertos servicios y prestaciones sociales, a partir de ahora y para todas las personas pasa a ser un mero cobrador del frac al servicio de la banca internacional. De representar la soberanía del pueblo se ha convertido en la imagen de la sumisión a los acreedores. No solo eso, sino que además, ese nuevo artículo de la Constitución prohíbe taxativamente que se pueda tomar el camino de Islandia dejando sin pagar algunas, todas o cierta clase de deudas.

Una vez pergeñado el marco general y aprobado con un procedimiento de urgencia, este año han detallado lo que significan el resto de puntos de la reforma constitucional por medio de la ley que han llamado de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Esta ley le dedica todo un artículo, el catorce, al pago de la deuda para repetir lo mismo que en la Constitución y después establece tres reglas con las que hay que contar para hacer los presupuestos de cualquier administración pública.

La primera regla es la tantas veces oída del déficit cero que quiere decir que las administraciones en su conjunto no podrán tener a partir del año 2020 un déficit superior al 0,4% de la riqueza. Como el Estado a día de hoy esta lejos de cumplir esa proporción, la Unión Europea ha planteado una hoja de ruta para reducirlo hasta el 3% en 2014 y así llegar al objetivo marcado por la ley en 2020 sin importarle demasiado, ni a los líderes europeos ni al Gobierno español, que la economía esté todavía cayendo; no olvidemos que menos gasto del Estado son menos ingresos futuros que habrá que compensar con otra disminución de los gastos que traerá menos ingresos y así sucesivamente. El déficit posible recogido en esa hoja de ruta se han repartido entre el Estado y las autonomías, lo que ha provocado ciertos altercados en la prensa entre unos y otros. En este punto hay que recordar que las corporaciones locales en las que se incluyen ayuntamientos y diputaciones no pueden tener déficit porque así lo recoge la Constitución y ahora también esta ley, lo que condiciona enormemente la capacidad de maniobra de estas instituciones. De esta forma, el primer eslabón de la cadena pone un límite estricto al gasto de todas las administraciones.

No les ha parecido suficiente y como si estuviéramos en el colegio han añadido una segunda regla que han llamado la regla del gasto. Según esta regla, aunque se cumpla la primera, es decir, déficit cero y los presupuestos estén equilibrados, las administraciones no podrán gastar todo lo que recauden porque por ejemplo, el año ha sido bueno, sino que el gasto de la Administración podrá crecer, como mucho, tanto como una tasa que calcule el Gobierno para todo el Estado. Lo que sobre se dedicará íntegramente a devolver las deudas.

Ahora bien, si las cosas vienen mal dadas para el conjunto del Estado, porque hay mucha deuda o mucho déficit o la economía no crece, el gasto de las instituciones no solo no podrá crecer, sino que tendrá que disminuir en una tasa que calculará el Gobierno para todo el Estado. Es decir, según cómo estén las cosas en el conjunto del Estado, se podrá gastar un poquito más o menos, independientemente de la situación en la que se encuentre un ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma.

Con esta regla lo que el Gobierno dice es que no hay margen para que puedan mejorarse los servicios públicos, o aumentar su dotación en aquellos casos en los que las deficiencias son manifiestas, o hacer nuevas inversiones, o estimular la economía. Es una regla pensada para hacer lo que hacen los jíbaros con las cabezas de sus enemigos: reducirlas de tamaño.

Eso es precisamente lo que quiere hacer el PP con el sector público, empequeñecerlo hasta que desaparezca.

Lo peor de todo es que tal y como está formulada la regla no permite ninguna diferencia territorial aunque la situación económica pueda ser muy diferente entre unos pueblos y otros: tabla rasa para todos.

Por si esto fuera poco han añadido un tercer eslabón a la cadena con el que definen qué hacer con la deuda de las administraciones públicas. En primer lugar, reparten el límite de la deuda que tiene que cumplir el Estado en 2020, el famoso 60%, de la siguiente manera: 44% para el Estado, el 13% para las comunidades autónomas y el 3% para los ayuntamientos. A continuación, explican qué hay que hacer en el caso de que todo lo anterior se cumpla. En esencia, vuelve a repetir que los gastos de las administraciones no pueden crecer por encima del crecimiento de la riqueza y el resto hay que dedicarlo a amortizar deuda.

En el muy hipotético caso de que la economía creciera por encima del 2% o creciendo menos creara empleo, la Administración tendría que reducir su deuda por lo menos en dos puntos cada año. Otra vuelta de tuerca más, de modo que además de jibarizar el Estado, como no hay ningún otro tipo de necesidades sociales, los excedentes se deben utilizar para amortizar deuda, o dicho de otra manera, primero se paga a los acreedores y después ya veremos.

Nos han apretado el cinturón tres agujeros seguidos. Y pensar que solo con parar el TAV nos ahorraríamos un pastón, y lo que es mejor todavía, dejaríamos de malgastar un montón de fondos públicos.

Por último, el Gobierno, que contó con la abstención del PNV para aprobar esta ley, ha colocado un gran candado con el que cierra la posibilidad a una interpretación diferente a la suya: podrá impugnar ante el Constitucional cualquier ley, acuerdo o contrato de una comunidad autónoma que considere contraria a esta ley y con la impugnación puede pedir la suspensión de su vigencia. De esta manera, el Gobierno extiende su brazo para controlar férreamente cualquier decisión de las comunidades autónomas. Cadena corta y un buen candado.

Comparaba Monzón la autonomía con pasear a un perro con correa, podía ser esta más larga o más corta, dejar más o menos margen, pero lo que era seguro era que el perro estaría siempre atado. Bien, pues esta vez han cambiado esa correa que se estiraba o comprimía a voluntad por una cadena realmente corta, eso sí, de plata, y además la han atado a un país que se hunde irremediablemente en el mar; o el can se suelta, o muere por ahogamiento.