La decisión del Gobierno ecuatoriano de conceder asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha generado multitud de reacciones en medio de una tormenta diplomática sin precedentes. Las amenazas británicas de invadir su embajada si Assange no es entregado, sin precedentes en la ley internacional y en las convenciones diplomáticas, no han impresionado sin embargo a la República de Ecuador. Su decisión soberana, razonable y motivada le enfrenta a EEUU y Gran Bretaña, que se presentan como los campeones del mundo en la defensa de los derechos humanos, y reconoce la dimensión política que tiene este caso y las eventuales consecuencias que tendría la extradición para la integridad de Assange. Es difícilmente concebible que un gobierno como el británico llegue hasta el punto de amagar con el asalto a una embajada por un ciudadano común al que un tercer país busca para interrogar por un caso de supuesto acoso sexual, sin cargos criminales en su contra, ni siquiera un juicio a la vista. Su condición de periodista y el hecho de haber filtrado cientos de miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado explican el resto.

EEUU lleva tiempo investigando a Assange y Wikileaks, las acusaciones están ya preparadas y probablemente sería juzgado por espionaje, lo que acarrea una condena potencial de pena de muerte o prisión a perpetuidad. Todos los intentos y conspiraciones para silenciarlo, de hacer de la filtración y publicación periodística de secretos un delito de «alta traición», requieren alzar la voz en la defensa de la libertad de expresión. Pues eso es, y no otra cosa, lo que está en juego en este pulso.

La decisión de la República de Ecuador supone en este sentido una contribución de valor incalculable para esta causa. Aun sabiendo que le generará graves tensiones internacionales, la ética y el compromiso que ha demostrado en el ejercicio de su independencia y del sentido democrático, en la defensa de la libertad de prensa, es un precedente alentador.