El ministro de Justicia sudafricano, Jeff Radebe, pidió públicamente ayer explicaciones a la Fiscalía Nacional por su decisión de imputar cargos de «asesinato» a 270 mineros por la muerte de 34 compañeros de la mina de platino de Marikana, en el noroeste de Sudáfrica.

La Fiscalía decidió imputar a los 270 mineros después de que la Policía asegurara que había encontrado cadáveres con dispararos en la espalda, circunstancia que considera que podría apuntar a que «fueron asesinados por sus propios compañeros». La imputación se basa en la aplicación de una ley que data de los últimos años del régimen de apartheid y que permite procesar y condenar a todo un grupo de personas cuando una de ellas ha cometido un crimen por la suposición de que existen connivencia y objetivos comunes entre todos los miembros del colectivo.

En un comunicado, Radebe informó de que pidió al director de la Fiscalía Nacional, Nomgcobo Jiba, que le presente cuanto antes un informe para explicar su decisión de imputar a los mineros. Radebe incidió en que la imputación ha provocado consternación, «pánico» y «confusión» en la sociedad.

El pasado 16 de agosto, 34 mineros murieron por dispararon de la Policía durante unos enfrentamientos entre agentes y trabajadores que se manifestaban en el exterior de la mina de platino de Marikana. Los 270 mineros arrestados al término de los altercados fueron inicialmente imputados por «desórdenes públicos», no «asesinato».