El 1 de septiembre entró en vigor en el Estado español la ley que pretende excluir del derecho a la asistencia sanitaria a aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular. Por mucho que se quiera maquillar, discriminar y conculcar elementales derechos de las personas como el acceso a la sanidad gratuita integral en función de la procedencia sólo tiene un nombre: Xenofobia. ¿Se imaginan por un solo instante lo que ocurriría si fuéramos las formaciones independentistas de este país las que esgrimiéramos el vergonzoso argumento de «primero los de casa»?

Para empezar, debemos tener claro que esta medida es sólo un suma y sigue en el desmantelamiento total de los servicios públicos que, de una manera u otra, vamos a padecer el conjunto de la ciudadanía, aunque se esté empezando por los sectores más vulnerables como puedan ser parte de las personas migrantes.

Los argumentos dados para negar a miles de personas el derecho a la salud no son más que patrañas que solo pretenden acrecentar más el miedo y el estado de shock generalizado de la población, para que aceptemos sin ningún cuestionamiento todos los recortes que nos quieren imponer. ¿Cómo se puede hablar de turismo sanitario para justificar estas vergonzosas medidas? Estos argumentos solo buscan desviar la atención sobre los verdaderos culpables de la situación que vivimos, fomentar el enfrentamiento entre trabajadores y trabajadoras y crear chivos expiatorios. Tal como ya han expresado las y los profesionales del sector, retirar la tarjeta sanitaria a estas personas y restringir su atención a las urgencias, aparte de la conculcación de derechos evidente, no va a suponer ningún ahorro en sanidad y esta medida solo traerá un más que previsible colapso de las urgencias, lo que irá en detrimento de la calidad del servicio sanitario también para el resto de la ciudadanía.

Pero, ¿cómo afectará esta normativa a aquellos de nuestros vecinos y vecinas en Hego Euskal Herria que por imposición de los criterios del Gobierno español no son considerados ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo?

Pues en Nafarroa Garaia la señora Barcina ha sido, y es, alumna aventajada a la hora de hacer seguidismo de las políticas más reaccionarias y retrógradas del Gobierno del PP.

UPN no ha podido esperar siquiera hasta septiembre y ya desde la pasada semana ha dejado fuera de la sanidad pública a las personas que no tengan papeles. A partir de ahora, las personas que se encuentren en esta situación irregular, para poder ser atendidas en Osasunbide, deberán abonar una tasa anual que en Nafarroa es más alta que en el Estado. Así, las personas migrantes sin regularizar menores de 65 años deberán abonar 764,46 euros (frente a los 710,40 del resto del Estado) y las mayores de 65 la friolera de 2.675,62 (frente a 1.864,8).

Pero como de sobra conocido es el espíritu cristiano de las gentes de UPN (porque Dios aprieta pero no ahoga), para paliar esta situación el Departamento de Políticas sociales del Gobierno Barcina anuncia una ayuda para sufragar el total de dichas tasas. Eso sí, como ya dijo Nacha Guevara, «para ser dama de beneficencia hay que ser buena, pero con prudencia. Es por esto que, para recibir estas ayudas, según explicó Pejenatute, además de acreditar mediante padrón la residencia durante más de un año (existen otras maneras de acreditar la residencia que no sea el cada vez más complicado y restrictivo acceso al empadronamiento) y unos ingresos menores de 532 euros mensuales, las personas solicitantes deberán de carecer de antecedentes penales o de causas pendientes con la justicia. De este modo, se insiste en la idea de criminalizar de manera sistemática a determinados sectores de la población, en la izquierda abertzale sabemos de sobra en qué consiste esta estrategia, asociándoles con delincuencia. Por otro lado, se obvia tanto la presunción de inocencia, al no ser necesaria la existencia de una condena firme para no conceder o suspender la ayuda, así como el derecho de las personas condenadas de reinsertarse en la sociedad y a no ser doblemente castigadas por un hecho por el que ya han cumplido una pena. Así mismo, se debe destacar que en la mayoría de los casos las causas pendientes y los problemas con las justicia de las personas de estos colectivos nada tienen que ver con la delincuencia y sí con las sanciones derivadas de su situación administrativa irregular.

Desconocemos el importe total destinado a esta ayuda y si se mantendrá en el próximo presupuesto del 2013, pero para que nos hagamos una idea de qué cantidades estamos hablando, en el más que poco probable supuesto de que se le concediera esta ayuda a cada una de las 2.150 personas que el Gobierno navarro estima se encuentran en situación irregular en la Comunidad Foral, estaríamos hablando de un máximo de 1.643.589 euros, cantidad muy alejada de los, que se sepan, casi 10 millones de euros que el Gobierno de la señora Barcina destina a subvenciones para los dos colegios de élite que el Opus tiene en Nafarroa y que se dedican a segregar su alumnado en función del sexo, y que se mantienen pese al claro dictamen del Tribunal Supremo en contra de las mismas. Dictamen que, por supuesto, tanto PP como UPN se han apresurado a declarar que no piensan cumplir.

Pero si decíamos que Barcina era alumna aventajada a la hora de hacer seguidismo de las políticas de recortes y la aplicación de medidas destinadas a discriminar a determinados colectivos de migrantes, al señor López y su Gobierno ilegítimo hay que reconocerles el mérito de haber sido pioneros en el mismo arte dentro de la CAV.

Pese a que ahora, en un ejercicio de hipocresía política difícilmente igualable, el PSE lleva unos meses haciendo campaña desde Ajuria Enea, a cuenta del erario público, presentándose como el adalid tanto del Estado del bienestar como de la defensa de los derechos de las personas migrantes, al señor López habrá que recordarle que su Gobierno fue el primero en aplicar brutales recortes en sectores como la sanidad y la enseñanza, prefiriendo invertir más dinero en cambiar el uniforme de la Ertzaintza que en cubrir sustituciones.

En lo que a los colectivos de personas migrantes se refiere, parece se le haya olvidado que fue precisamente su Gobierno el que cambió la ley para limitar el acceso al cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a aquellas personas que llevasen empadronadas en la CAV más de tres años y no seis meses como hasta la fecha, acusando de forma indiscriminada a las personas receptoras de estas prestaciones de fraude.

Por cambiar, hasta ha cambiado las normas para evitar el acceso a algo tan fundamental como el conocimiento de la lengua, impidiendo la matrícula en las escuelas de idiomas de la CAV a aquellas personas que no presenten la tarjeta de residencia, requisito que hasta ahora jamás había sido exigido.

Pero aún más hipócrita resulta declarar a bombo y platillo que en Osakidetza se va a seguir atendiendo a todas las personas, y que no se va a aplicar la norma del ejecutivo Rajoy, ocultando el dato de que ya desde septiembre de 2011, el consejero Bengoa había trasladado una circular a todas la unidades de atención primaria de Osakidetza instando a que no se tramitaran más tarjetas de salud (TIS), ni siquiera las provisionales, a aquellas personas que, pese a estar empadronadas, no presentaran la tarjeta de residencia. Durante las últimas fechas también está haciendo llegar a los centros las listas de precios estipulados a pagar en función de la atención dispensada.

Ante estos hechos, la izquierda abertzale quiere reafirmar su posición en defensa del acceso al derecho de la asistencia sanitaria gratuita para todas las personas que vivimos en Euskal Herria. Además, insistimos en el rechazo a cualquier norma o práctica que suponga la discriminación de cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro pueblo en función de su origen o procedencia y, asimismo, no nos cansaremos de denunciar las racistas y xenófobas leyes de extranjería y nacionalidad que los estados español y francés nos imponen a toda la ciudadanía vasca, legislación que es máximo exponente de dicha discriminación y de la conculcación de derechos fundamentales de las personas.

También reiteramos nuestro compromiso en seguir trabajando para crear un nuevo marco que nos garantice, a través del reconocimiento de la ciudadanía vasca, el acceso a todos los derechos, tanto de residencia, de ciudadanía como de nacionalidad, y en este caso al de la asistencia sanitaria gratuita y de calidad, a todas las personas que vivimos y trabajamos en Euskal Herria, cualquiera que sea nuestro origen.

Independientemente de nuestro origen, es fundamental que todas las personas que vivimos en Euskal Herria dejemos claro que no vamos a tolerar estas políticas de recortes de derechos sociales fundamentales. La próxima huelga general del día 26 es una magnífica oportunidad para hacerlo.

El Estado español lleva en la genética de su imaginario e identidad colectiva una seria enfermedad que ningún sistema sanitario podrá tratar nunca: el de su racismo y xenofobia crónicos.