Si bien al hacer referencia al Sahara la primera imagen que se nos viene a la mente es la de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y los campamentos de refugiados de Tinduf, la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos constituye una realidad sangrante todavía en 2012. Invisibilizada en los medios de comunicación, sólo nos llegan noticias muy esporádicamente, cuando tiene lugar algún suceso que, por sus dimensiones, consigue superar la censura impuesta por la monarquía alauita, como fue el caso del sangriento desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en noviembre de 2010.

La ocupación del Sahara occidental tras la retirada de las fuerzas ocupantes españolas en 1975 se ha llevado a cabo utilizando las herramientas habituales de los estados expansionistas: ocupación militar, instauración de un estado policial torturador, invasión del territorio mediante colonos, prohibición de medios de comunicación y organizaciones disidentes, subordinación de la actividad económica a los intereses de la metrópoli y colonización cultural que intenta destruir los rasgos lingüísticos y culturales del pueblo ocupado. El Sahara occidental presenta, además, una particularidad que lo diferencia de otros muchos pueblos ocupados; la de ser un territorio en disputa, en espera de un referéndum que cuenta con el aval de la ONU. Aunque Marruecos lo considere su territorio, lo incluya en sus mapas y en su currículum educativo, lo administre y explote sus recursos naturales y a sus pobladores, su derecho sobre el Sahara occidental no está formalmente reconocido a nivel internacional.

Ello no es óbice para que las fuerzas de ocupación repriman de forma continuada y con total impunidad al pueblo saharaui. Un numero imposible de cuantificar de asesinados pero que llegan a varios miles desde el comienzo de la ocupación, más de 500 desaparecidos, miles de encarcelados en unas condiciones infrahumanas de hacinamiento y humillaciones constantes, varias cárceles secretas en las que algunos presos han permanecido más de una década sin que nadie supiera su paradero, aplicación sistemática de la tortura a los detenidos y presos sin preocuparse siquiera de no dejar marcas, violación de mujeres por organizarse y luchar contra la ocupación o simplemente por ser familiares de algún detenido... son una constante obviada deliberadamente por muchos estados autodenominados «democráticos». Esos mismos estados que aparentan asombro e indignación ante violaciones de los derechos humanos por parte de gobiernos que no se pliegan a sus intereses.

Dicha situación de represión diaria condiciona por completo la vida del pueblo saharaui en los territorios ocupados, ya que prácticamente todas las familias han sufrido la brutal represión de una u otra forma. Las consecuencias las conocemos todos los pueblos en lucha: exiliados, familias rotas, imposibilidad de continuar los estudios, pérdida del puesto de trabajo y grandes dificultades para encontrar otro, penurias económicas, control social constante, relegación a ser ciudadanos de segunda... Como señalan algunos presos tras abandonar la prisión, salen de una cárcel para entrar en otra mayor, llamada El Aaiún, Smara, Dajla...

Pero si la represión directa constituye el fenómeno más visible de la ocupación, no son menos importantes otras estrategias con las que el régimen alauí intenta socavar la identidad del pueblo saharaui y afianzar la marroquización. Entre ellas destaca el desplazamiento masivo de población marroquí a los territorios ocupados, el cual tuvo su principal precedente en la Marcha verde de 1975.

A partir de ese momento, y especialmente a partir del alto el fuego de 1991, el régimen marroquí ha impulsado el desplazamiento de población marroquí para consumar progresivamente la colonización, ofreciendo condiciones ventajosas a los nuevos colonos (puestos de trabajo con sueldos atractivos, facilidades para comprar casas, etc). Parte de estos colonos supone además una fuerza de choque adicional para los casos en que las fuerzas represoras se ven desbordadas en grandes protestas, al margen de la colaboración de muchos de ellos como chivatos. Aunque no existen datos fiables sobre la población porque no existe un censo público, la supremacía numérica de los colonos marroquíes en el Sahara Occidental es un hecho (se habla de 2 o 3 colonos por cada saharaui). Con la alteración demográfica, el régimen marroquí persigue diluir la identidad y presencia del pueblo saharaui e intentar condicionar a su favor los resultados de un posible referéndum que cada vez se ve más improbable, debido a los permanentes obstáculos puestos por Marruecos a lo largo de las últimas dos décadas. Una vez más, y tal y como podemos comprobar actualmente en Hego Euskal Herria, las alteraciones del censo y los movimientos de población se revelan como un arma, como una burda estratagema, utilizada por los estados expansionistas para afianzar su ocupación.

La dependencia económica del Sahara ocupado es también un aspecto a destacar, ya que condiciona no sólo la vida diaria de los saharauis sino también la viabilidad de su futuro estado. Si ya de por sí el Sahara es un territorio que dificulta o directamente imposibilita gran parte de las actividades económicas, el Sahara liberado o RASD se encuentra en pleno desierto, quedando las tierras cultivables principalmente bajo ocupación marroquí. En este sentido, las principales actividades productivas en el Sahara Occidental son la extracción de fosfatos, la pesca en los caladeros saharauis y la producción de hortalizas en zonas muy localizadas; actividades destinadas principalmente a la exportación y a engordar las arcas de la monarquía alauí, como se ha denunciado reiteradamente desde diversas instancias. Sustentada en un esquema de robo de recursos naturales, sin un desarrollo equilibrado entre los diferentes sectores económicos, recibiendo desde Marruecos la práctica totalidad de insumos y alimentos, la economía del Sahara Occidental está totalmente determinada por su condición de colonia.

Otro aspecto de la ocupación es su efecto aculturizante, que va mucho más allá de las consecuencias obvias de la supremacía demográfica de la población marroquí sobre una cultura y un idioma (el hassannia) que consideran extraño e inferior. Toda una batería de medidas legales aseguran un currículum educativo sustentado en la ideología expansionista marroquí, una relegación total del hassania e incluso la prohibición de determinadas prácticas habituales del pueblo saharaui, como por ejemplo la instalación de haimas en el desierto desde el desmantelamiento de Gdeim Izik.

En resumen, toda una estrategia con variadas expresiones para minorizar a un pueblo y consumar de facto la ocupación de un territorio. A pesar de ello, el pueblo saharaui sigue luchando y se intensifica el sentimiento y la conciencia contra la ocupación, especialmente entre la juventud. Frente a la ocupación y la ocultación internacional, y lejos de ser un pueblo dominado, los miles de luchadores y luchadoras caídos y reprimidos, las protestas diarias y la evidente presencia militar y policial en las calles muestran que el pueblo saharaui sigue vivo y luchando por su derecho a ser libre, a ser un pueblo más.

La labor de los demás pueblos del mundo es triple y complementaria: solidarizarnos con su lucha, desenmascarar la complicidad criminal de los estados que dan cobertura a la ocupación del Sahara y luchar por la libertad del propio pueblo frente a dichos estados imperialistas, lo cual constituye en último término la mejor aportación que podemos ofrecer a los demás pueblos del mundo, incluido el saharaui.