La Red por el Derecho a tener Derechos, que aglutina a más de treinta colectivos en defensa de los inmigrantes «sin papeles» que se han quedado sin tarjeta sanitaria en el Estado español, anunció ayer que llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos «cada caso» de desatención grave a estas personas.

El Ministerio de Sanidad español anuló el sábado la tarjeta a 910.000 pacientes que no pagan impuestos. La medida con la que el Gobierno del PP dice querer ahorrar 1.500 millones de euros afecta especialmente a más de 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia, que hasta ayer eran atendidos con solo estar empadronados.

El departamento que dirige Ana Mato se comprometió a atender a los inmigrantes en urgencias en caso de accidente o enfermedad grave, en el embarazo, parto y posparto, y a los menores de 18 años. Tampoco dejará sin su tratamiento a los pacientes crónicos o con enfermedades infecciosas.

Los colectivos integrados en esta Red advirtieron de que si las autoridades sanitarias «no cumplen» lo prometido o la normativa internacional, acudirán a Estrasburgo. Los portavoces de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados y de Médicos del Mundo, Iván Forero y Mario Pérez, respectivamente, indicaron que dada la confusión existente en la aplicación del decreto del Gobierno, esperarán un tiempo prudencial a ver cómo actúa cada comunidad.

En este contexto, el jueves lanzará una nueva campaña bajo el lema «Yo sí, sanidad universal». «Estamos organizando una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias», adelantó Forero. La primera actuación que llevarán a cabo será «articular y visibilizar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y organizar y proteger la desobediencia civil».

El siguiente paso será promover un voluntariado de «acompañamiento» al inmigrante «sin papeles». «No les vamos a dejar solos», remarcó Forero.

Por otra parte, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental alertaron de que al quitarles «de golpe» la asistencia continua que reciben «se les está condenando a sufrir recaídas». En un comunicado conjunto, remarcaron que en estos casos el control y la recuperación no se consiguen con intervenciones urgentes, puntuales y aisladas, sino con procesos integrados, coordinados y multidisciplinares.