Agentes de la Guardia civil en coordinación con las Fuerzas Armadas marroquíes desalojaron la madrugada de ayer a 83 inmigrantes que permanecían en la pequeña isla de Tierra -llegaron allí en dos grupos la semana pasada-, en el archipielago de Alhucemas y 73 de ellos fueron entregados a la gendarmería maroquí tras conseguir un acuerdo entre ambos países. La isla se encuentra a pocos metros de la costa de Marruecos.

Amnistía Internacional denunció ayer que el Gobierno vulneró los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y las leyes españolas de Extranjería y Asilo al ejecutar la expulsión colectiva de los 73 inmigrantes.

La Portavoz de Amnistía España, María Serrano, afirmó que las expulsiones, al ser colectivas, «están prohibidas por los tratados internacionales así como la Ley de Extranjería, que establece un proceso con garantías, como el derecho a la asistencia letrada y a intérprete» de las personas antes de ser deportadas.

Según explicó, El Estado español perpetró «expulsiones sumarias y masivas» que además, contravienen la normativa en materia de asilo, en tanto que el Ministerio del Interior no facilitó los mecanismos imprescindibles para conocer si estas personas huían de algún conflicto o eran víctimas de persecución por algún motivo ya sea en su lugar de origen o en el propio Marruecos.

Por su parte, el portavoz de la Federación Estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiarán, denunció que el desalojo de los 73 inmigrantes, con el argumento de que rescatarlas habría abierto una nueva vía para la inmigración «es equiparable a abandonar una patera a la deriva y dejar que se hunda por no fomentar la vía marítima».