Ayer, el mismo día en que ocho sindicatos registraron la huelga general convocada junto a un centenar de agentes sociales para el 26 de setiembre en Hego Euskal Herria, los datos del paro ofrecían una lectura que deja poco margen a la discrepancia si se analizan con un mínimo de seriedad. El aumento de casi 2.000 desempleados en Hego Euskal Herria en el mes de agosto, además suponer una mala noticia, revelan una tendencia a todas luces negativa. En los seis primeros meses de este año se han destruido 44.600 puestos de trabajo.

La de los parados es una situación que ya afecta a un sector considerable de la población; pero, además, está relacionada con la de los trabajadores que han visto sus condiciones laborales empeorar manifiestamente; la de los pensionistas, en situación cada vez más precaria y con la amenaza de recortes en sus pensiones, como ya ha ocurrido en Grecia; la de cualquier ciudadano que, mientras ha de pagar más impuestos, tanto directos como indirectos, asiste al desmantelamiento de los servicios públicos. Cabe recordar que la batería de reformas y medidas restrictivas de los gobiernos de Madrid han sido presentadas como inevitables y necesarias para la recuperación económica y de empleo; sin embargo, los fríos datos reflejan una dramática realidad: la evidencia de que esas reformas no solo no son eficaces, sino que además generan más paro, precariedad laboral, pobreza y desprotección social.

Como ayer advertían representantes de los sindicatos convocantes de la huelga, están robando los derechos básicos a toda la sociedad. La situación económica, social y laboral empeora día a día. En efecto, desde la última huelga general, el pasado 29 de marzo, incluso desde el anuncio de esta, el pasado julio, los motivos para responder a esta situación no han hecho sino aumentar. No se trata de un ataque a los funcionarios en particular, o a los trabajadores en general, a los pensionistas, a los parados... es un ataque a los derechos de todos y todas.