El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), reunido ayer en Madrid, remitió un escrito a Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, en el que le requiere que presente los documentos de explotación de la instalación asociados a la declaración de cese definitivo de la actividad y establece como límite para recibirlos la fecha del 6 de noviembre.

De este modo, el organismo encargado de velar por la seguridad de las instalaciones nucleares en el Estado español confirma el fin de la actividad de la central castellana, ubicada a las puertas de Euskal Herria, después de que Nuclenor no presentase en el plazo previsto, antes del 6 de setiembre, la solicitud para prorrogar durante seis años más la actividad a partir del 6 de julio de 2013.

En una nota de prensa que colgó en su web ayer por la noche, el CSN indicó que la no presentación de la documentación para la prórroga de actividad es la razón por la que ahora se le solicita la documentación relativa al cierre.

De este modo, el CSN certifica que Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y Endesa) no podrá prorrogar el funcionamiento de la instalación nuclear más allá del 6 de julio del próximo año y explica que la razón de solicitar esta documentación es «continuar garantizando la seguridad de la planta, tanto en el periodo que resta de funcionamiento como en el posterior proceso de cierre y de desmantelamiento de la central».

En principio fue «Bilbao-Ebro»

El cierre de Garoña pondrá punto final a la vida de una instalación que ha resultado polémica desde que en agosto de 1963 Nuclenor obtuviera de las autoridades franquistas la autorización para la construcción de la primera central atómica en el Estado español, que se denominó inicialmente «Bilbao-Ebro» y cuyas obras fueron encargadas a la multinacional estadounidense General Electric.

Las obras, que se iniciaron en setiembre de 1966 y concluyeron en noviembre de 1970, exigieron el mayor dispositivo de transporte pesado realizado hasta entonces en Europa, para llevar la vasija del reactor desde el puerto de Bilbo hasta Garoña. El 2 de marzo de 1971, la central se acopló al sistema eléctrico, logrando la máxima potencia 27 días después.

La elevada edad de la central provocó que en los últimos años se sucedieran los incidentes. Así, si en 2010 se reportaron cinco incidentes, un año después se incrementaron a ocho. En uno de ellos se llegó a elevar en quince grados la temperatura del río Ebro, provocando una gran afección medioambiental en la fauna y flora.

El pasado domingo se celebró la 33ª edición de la Marcha a Garoña que, año tras año, ha exigido el cierre de esta instalación, reclamación que fue asumido por las instituciones alavesas y la mayor parte del tejido social de este herrialde y del conjunto de Euskal Herria.

En junio de 2009, cuando la central estaba a punto de cumplir 40 años, edad considerada crítica para la seguridad, el CSN emitió un informe favorable a prorrogar su actividad diez años más, pero el Gobierno del PSOE redujo el plazo hasta julio de 2013. El pasado 29 de junio, el Ejecutivo del PP emitió una orden en la que establecía que la solicitud de prórroga podía presentarse antes del 6 de setiembre, lo que Nuclenor no hizo.