El jueves de la semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) decidió comprar deuda pública de los gobiernos que hayan solicitado previamente la intervención de sus cuentas por parte del propio Banco, la Unión Europea y el FMI. Esta compra siempre estará sometida a «estrictas condiciones». El BCE va a destinar todo el dinero que sea necesario, sin límite alguno, para realizar esta compra en el mercado de deuda (una especie de bolsa) y así reducir la prima de riesgo de estos países. Lo aprobado por el BCE se ha vendido como una buena noticia.

ELA rechaza la decisión del BCE. Se podrían señalar más cuestiones, pero nos vamos a referir exclusivamente a dos:

Se beneficia básicamente a las entidades financieras, que son quienes han adquirido la deuda pública. El BCE no va a comprar deuda pública a los gobiernos, sino que va a hacer que las entidades financieras tengan unas pérdidas mínimas en el mercado de deuda, garantizándoles que los títulos que compraron no van a perder valor. Es decir, la medida que aprobó el BCE no va a suponer ni un euro para los gobiernos (ni siquiera es un préstamo al gobierno). Es algo parecido a lo que va a hacer el Gobierno de Rajoy con el denominado «banco malo», al comprar a las entidades financieras inmuebles por encima del precio de mercado. Por eso se puede decir que lo aprobado convierte al BCE en el «banco malo de la deuda pública», socializando las pérdidas de las entidades financieras.

Se van a imponer nuevas condiciones a los gobiernos. Es muy grave que los gobiernos, a cambio de nada, vayan a tener que aceptar nuevas condiciones, calificadas ya por el presidente del BCE como muy estrictas. Estas condiciones se van a aplicar a los gobiernos que previamente hayan solicitado acudir a los fondos europeos ya acordados (acudirán a estos fondos a pedir préstamos que deben devolver con intereses), que en su reglamentación aprobada recogen claramente la condicionalidad.

El esquema de actuación europea (tanto el de los fondos europeos como el del BCE aprobado el jueves) trata de garantizar la rentabilidad al capital, a las entidades financieras o fondos acreedores. Para esto hay todo el dinero que haga falta (100.000 millones de euros para la banca en el estados español, cantidades ilimitadas por parte del BCE, ,...). Se dice que de este modo se van a reducir los tipos de interés que pagan los gobiernos por su deuda.

Puede ser verdad en parte, pero no está tan claro, a la vista de lo ocurrido en 2012 en el Estado español, y desde luego no justifica que el Banco Central Europeo no compre deuda pública directamente a un tipo de interés realmente bajo, a la vez que presta un billón de euros a la banca privada al 1%.

A cambio, se aplican y se exige todo tipo de recortes en los derechos laborales y sociales. El empobrecimiento de la población es brutal. Basta recordar las medidas aprobadas en el estado español (reformas laborales y de negociación colectiva, recortes en sanidad o educación, salarios y personal en el sector público, prestaciones por desempleo, aumento del IVA o de los precios de la luz y del gas, o la anunciada nueva reforma de las pensiones), las recientemente aprobadas en Portugal (rebaja salarial generalizada al imponer una subida de 7 puntos de la seguridad social a cargo de los trabajadores y trabajadoras) o las anunciadas en Grecia por la troika (semana laboral de seis días, abaratamiento del despido, flexibilidad laboral, recorte de las prestaciones por desempleo,...).

Lo que hay, y lo que viene, es muy duro. Y no tiene punto final. A las condiciones que se ponen al inicio de estos procesos de intervención y de imposición de fuertes recortes, les siguen otras, como se constata en los casos mencionados de Portugal o Grecia. Se profundiza en el abismo social.

Hay que poner freno a esta sinrazón. Es necesario un cambio total de las políticas que se aplican. Solo de esta manera podremos salir de una manera justa de la actual situación de crisis. Sin embargo, es claro que quienes gobiernan (aquí y en otras partes de la Unión Europea) no están por la labor.

Al contrario, se están intensificando las políticas antisociales con las graves consecuencias que tienen. Ante ello la única alternativa que nos queda es la movilización social. No vamos a conseguir cambiar las políticas que se aplican si no conseguimos una movilización fuerte. La huelga general que hemos convocado en Hego Euskal Herria el 26 de septiembre las organizaciones sindicales y sociales que combatimos el actual modelo es una oportunidad para que todo el mundo exprese su rechazo a las actuales políticas y para exigir el cambio radical de las mismas.

Es un camino duro, pero es el camino a seguir.