Desde que, hace un mes, varios activistas chinos fueron deportados por Japón tras desembarcar en las islas Senkalu -según su nombre japonés- o Diayou -en chino-, y unos días después un grupo de japoneses hiciera lo propio como respuesta, la tensión en el mar de China Oriental no ha dejado de aumentar. Hace cuatro días, Japón anunció la compra de tres islas del archipiélago a un particular y China envió dos patrulleras a las proximidades del archipiélago en disputa. Y ayer, ante el envío de seis patrulleras chinas que penetraron nuevamente en aguas del archipiélago, el primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, aseguró que su país adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las islas y movilizó su gabinete de crisis. La situación no puede calificarse sino de peligrosa y, por por tanto, preocupante; pero lo es más a la vista de la actitud de las dos partes, ya que ninguna de ellas da muestras de querer apaciguarla y se siguen acusando mutuamente de agravar el conflicto, cuyas consecuencias han comenzado a manifestarse, más allá de las relaciones entre ambos países, en los ataques a japoneses en territorio chino.