En un primer momento, Gallardón anunció que la cadena perpetua sería aplicada solo a casos relacionados con organizaciones armadas. Ayer, sin embargo, el ministro de Justicia rectificó y amplió los supuestos a los «delitos de especial gravedad». Entre ellos incluyó la muerte de jefes de Estado, el genocidio, el asesinato de menores o discapacitados y el homicidio tras una agresión sexual. Sin citarlos específicamente, Gallardón hizo referencia a dos casos concretos, la muerte de Ruth y José Bretón imputada ya a su padre en Córdoba y la de Marta del Castillo, ocurrida en 2009 y cuyo cadáver todavía no ha podido ser hallado.

A nadie se le escapa que el impacto social provocado por hechos excepcionales como ambos sucesos han influido en la decisión final del titular de Justicia. Especialmente porque todavía está reciente la resolución del «caso Bretón», facilitada por un informe del forense vasco Francisco Etxeberria y que desató una campaña en Twitter favorable a la cadena perpetua. Esta actitud fue censurada ayer mismo por asociaciones de la magistratura como Jueces para la Democracia, que tacha el anuncio de «populismo penal». A.P.

La criminalización de las protestas sociales y un endurecimiento de los castigos contra manifestantes constituyen una de las vertientes de la reforma que prepara el Ministerio español de Justicia. Durante los últimos meses se han sucedido las filtraciones y todas apuntaban a un mismo objetivo: la imposición de penas más duras y la posibilidad de encarcelar a quien sea arrestado en una marcha de protesta, especialmente si esta deriva en enfrentamientos con la Policía. En el fondo, lo que el Ejecutivo hace es ubicar en términos de orden público los problemas sociales derivados de la crisis y el recorte de derechos en un contexto en el que las movilizaciones son cada vez más frecuentes. Todo ello, poniendo en marcha un modelo de represión de la disidencia similar al que ya se aplica en Euskal Herria.

Por el momento, no hay datos que avancen hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno del PP. Según advirtió ayer Gallardón, se ampliará la definición de «atentado» incluyendo «todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente». También se añadirán supuestos de «alteración del orden público». Además, la reforma ha añadido un nuevo tipo que perseguirá a quienes lancen convocatorias que luego deriven en la «alteración del orden público», que el ministro quiso desvincular de la mera publicitación de movilizaciones.

Durante los últimos meses se había especulado con la posibilidad de que el Gobierno español endureciese también el castigo contra la resistencia pasiva. Gallardón rechazó este extremo, argumentando que tanto este tipo de protesta como la «desobediencia» seguirán calificados como hasta ahora: con penas de entre seis meses y un año de cárcel. Además, insistió en que no se pretende imponer una reforma «más represiva», aunque no dejó claro hasta dónde ampliará las peticiones de cárcel para los supuestos de atentado o «alteración del orden público». Tampoco precisó cuáles serán los comportamientos específicos que se incluyan dentro de un concepto tan abstracto y que serán los que determinen el alcance real de la norma.

Si se atiende a las declaraciones realizadas por Justicia o por el Ministerio del Interior durante el pasado curso político, todo apunta a que Gallardón pretende dar potestad a los jueces para poder encarcelar a los manifestantes, tal y como ocurrió, por ejemplo, con algunos arrestados durante la huelga general en Catalunya.

Este endurecimiento del Código Penal es una de las exigencias en las que ha insistido CiU durante toda la legislatura. Probablemente, Gallardón se refería a la formación liderada por Artur Mas cuando hizo referencia al «interés» mostrado por diversos grupos parlamentarios. De hecho, el Congreso español ya aprobó en junio una moción presentada por CiU en la que se instaba a la creación del delito específico de «violencia urbana» y castigar con cárcel la participación en determinadas protestas. Que el aviso llegue ahora no parece casual si se toma en cuenta las previsiones de un «otoño caliente» contra los recortes. A.P.