Marraron su pronóstico quienes pensaron que la «guerra de guerrillas» en los pasillos del Ayuntamiento de Donostia en torno a la estación de autobuses finalizaría una vez decidida su ubicación en Atotxa. Esta semana hemos asistido a una nueva sesión de este sainete.

El telón los descorrió el miércoles Ernesto Gasco, portavoz municipal del PSE. Al día siguiente estaba prevista en Madrid una reunión entre el Consistorio, Lakua y Adif. Gasco conocía esta circunstancia porque era uno de los convocados a la cita, en calidad de viceconsejero de Transportes del Gobierno autonómico.

El representante del PSE levantó una polvareda al criticar al Gobierno de Bildu por llevar «300 días de retraso» en la construcción de la estación y reclamar una comisión para impulsar las obras. Propuso asimismo que se instalen en la actual estación de Pío XII unas casetas cerradas con sillas, monitor de horarios y calefacción.

Como era de esperar -sucede cada vez que el PSE opina sobre este tema- en los foros y las redes sociales no tardaron en recordarle que su partido gobernó durante dos décadas, más de 7.000 días, sin dar solución a esta infraestructura. Ni siquiera las casetas cerradas en Pío XII.

El Gobierno municipal emitió posteriormente una nota insistiendo en que necesita el permiso de Adif para comenzar las obras, ya que el proyecto «invade» dominio ferroviario. En un convenio firmado el 11 de noviembre de 2010 por Adif y el entonces alcalde Odón Elorza se especifica que esa autorización deberá otorgarse «con carácter previo al inicio de las obras».

El segundo acto se desarrolló el jueves en Madrid. La reunión entre el Consistorio, Lakua y Adif fue fructífera, según todas las partes. Los problemas florecieron a la hora de las explicaciones. La compañía ferroviaria, dependiente del Ministerio de Fomento, informó de que se estudió «la nueva configuración de la estación ferroviaria de Atotxa», después de que a finales de 2011 el Gobierno autonómico lograse que Donostia sea estación pasante del TAV.

Adif añadió que analizará esta modificación a fin de «garantizar la compatibilidad de la estación de autobuses y la ferroviaria», y reveló que en el encuentro se presentó un procedimiento «para agilizar los permisos constructivos de la estación de autobuses».

Dicho procedimiento fue explicado por el Gobierno municipal en una nota posterior, encabezada por un desafortunado titular que levantó ampollas, al señalar que Adif propuso una alternativa «porque su proyecto ferroviario se tambalea».

Una vez leído el documento se deduce que lo que se «tambalea» es el anterior diseño de estación que manejaba Adif, ya que pasará de tres a cinco andenes y ocupará más espacio.

Para agilizar los trámites, Adif se ha «saltado» en principio los estudios previos y ha pedido el proyecto de ejecución de la estación de autobuses para que sus técnicos lo analicen. Si no hay problemas, se firmaría un convenio y se otorgaría el permiso.

Tercer acto. El concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran, y la edil de Infraestructuras, Nora Galparsoro, comparecieron ayer para valorar positivamente la actitud de Adif, reiterar su compromiso para construir Atotxa «con la máxima celeridad posible» y mostrar su deseo de que la estación de tren también esté lista para 2016. «Somos muy conscientes de la necesidad de una estación de autobuses», indicó Galparsoro, quien aseguró que la documentación demuestra que el Consistorio ha cumplido con los requisitos planteados por Adif.

Posteriormente salió a escena Ernesto Gasco para manifestar que «la modificación de la estación del tren no tiene nada que ver con la estación de autobuses» y que todo responde a «la oposición de Bildu a la alta velocidad», pese a que ni Burutaran ni Galparsoro hicieron valoración alguna sobre la llegada del TAV a Donostia. El portavoz del PSE reconoció que «por supuesto» es necesario el permiso de Adif para iniciar las obras.

El cierre llegó de mano del portavoz del PP, Ramón Gómez, enfadado por el titular de la nota remitida por el Ayuntamiento la víspera. Gómez aseguró que Adif pidió el proyecto de ejecución hace varios meses, contrariamente a lo defendido por el Ayuntamiento.