Como es sabido, la mayoría de sindicatos y organismos sociales vascos, excepto CCOO y UGT, han convocado una huelga general de 24 horas para el próximo miércoles 26 de septiembre. Se trata de intentar poner freno a los múltiples recortes sociales y medidas económicas retrógradas que se están impulsando desde la Unión Europea, el Gobierno español y las administraciones autonómicas de Iruñea y Gasteiz. Será la quinta convocatoria de huelga general desde que se inició la actual crisis y todo indica que no va a ser la última.

Son tantas las razones que se reúnen en este momento para defender la necesidad de una huelga de estas características, que no tendría espacio en este artículo para referirme a todas ellas. Los ataques continuados que se han proyectado desde el poder han afectado a tantas y tan diversas áreas y sectores, que es prácticamente imposible que ningún ciudadano pueda salir indemne de los mismos. Las medidas implementadas han deteriorado las condiciones de vida de la gran mayoría social de Euskal Herria, la clase trabajadora. Y lo han hecho recortando derechos y prestaciones a trabajadores en activo, a trabajadores en desempleo, a pensionistas, a jóvenes, a estudiantes, en fin, al entramado social mayoritario.

Unas medidas que, para sonrojo de los gobernantes que las están ejecutando sin piedad, no han venido derivadas de la avaricia o la desenfrenada búsqueda de beneficios de trabajadores, funcionarios y pensionistas, sino de la codicia y el afán de lograr la mayor plusvalía en el menor tiempo posible de los banqueros, inversores y especuladores que dan forma a eso que los medios se empeñan en disfrazar bajo el inocente apelativo de mercados. Por lo tanto, no existen excusas para hacer oídos sordos a una convocatoria bien fundamentada, seria y sostenida por un abanico plural de sindicatos y organismos sociales, amén del bloque soberanista de izquierdas en construcción.

Pese a ello, existen dos vías de crítica que conviene clarificar. Por un lado se encuentran aquellas personas que consideran que su participación activa en la huelga les supone una sensible merma en sus ingresos salariales. Es cierto, y más teniendo en cuenta la situación de crisis económica general que atravesamos. A estas personas les diría, no obstante, que en esta vida es importante el ejercicio de la solidaridad entre iguales. Es decir, que quienes ahora disponemos de un trabajo y un salario seamos conscientes de que hay miles y miles de trabajadores, especialmente los más jóvenes, que no disponen de trabajo ni de salario. Somos precisamente quienes estamos en activo quienes tenemos ahora la posibilidad de protestar en forma de huelga. Los desempleados, por desgracia, no pueden parar porque carecen de empleo.

Otro argumento esgrimido por algunos ante la huelga del 26 de septiembre se centra en cuestionar la eficacia de la misma, aduciendo que una huelga de un día no es suficiente para detener los planes de los actuales gestores capitalistas. Dicen que habría que dar un salto adelante convocando una huelga general de varios días o incluso de una semana. Puede que seamos muchos los que podamos sintonizar con la teoría del argumento, pero la clase trabajadora vasca debe tener los pies en el suelo. Si ya es complicado convertir en éxito una huelga de 24 horas, ¿qué respuesta podría obtener la de una semana? No por querer lo máximo debemos obviar lo básico. Ya veremos en el futuro si es necesario endurecer el formato de la protesta. Pero lo que toca en este momento es conseguir que la jornada del 26 sea un triunfo de la mayoría social ante los continuados ataques a sus derechos.

Unos derechos conquistados en base al sacrificio de anteriores generaciones a lo largo de muchas décadas y que tenemos el deber de defender y preservar ante la batería de agresiones que están padeciendo. Existe una tendencia muy humana y comprensible que circunscribe las cuestiones globales al modo en que le afectan a uno de forma personal. El pensionista al que han impuesto el pago de medicamentos puede ser ajeno a la situación del inmigrante ilegal desplazado de la atención en los ambulatorios. El joven desempleado que ve recortada su ayuda tendrá poco que ver con el funcionario a quien han suprimido la paga de Navidad. Pero aunque no lo vivan así, todos ellos están siendo víctimas de una misma estrategia neoliberal, consistente en detraer parte del dinero que corresponde a las clases mayoritarias para ponerlo en manos de las minorías capitalistas que dominan el actual estatus quo.

Mientras no seamos capaces de vislumbrar lo que está sucediendo como una gigantesca transferencia de rentas a favor de los capitalistas, seremos incapaces de plantear una respuesta adecuada y conforme con el desafío planteado. La subida del IVA, el copago sanitario, los recortes en la enseñanza y en la Administración, el retraso en la edad de jubilación, la congelación de las pensiones y las demás medidas puestas en práctica forman parte de una estrategia global del capitalismo del siglo XXI. Una estrategia hasta ahora ganadora, ya que la izquierda no ha sabido por el momento dar una contestación contundente a la misma.

Ante esta catarata de recortes y medidas restrictivas de derechos, la izquierda política y social de este país no puede continuar a la defensiva. Debe implementar acciones en demanda de la supremacía de lo público sobre lo privado en todas las áreas, sean sanidad, enseñanza, transporte o servicios sociales. En demanda de una banca pública al servicio de las mayorías sociales y no de las elites empresariales. En demanda de unas relaciones laborales en las que se valoren los derechos de los trabajadores por encima de las ansias irrefrenables de beneficio de los patronos. Una izquierda política y social que sea capaz de plantar cara a los privilegios de la Iglesia Católica en materia de impuestos, en ayudas a sus colegios o en la inmatriculación de edificios. Una izquierda que demande sin rubor la eliminación de los gastos militares del Presupuesto, la drástica reducción de los gastos en cuerpos de seguridad armados o la supresión de ayudas al lobby energético-nuclear.

Más allá de la huelga del 26 de septiembre tenemos por delante un desafío aún mayor, consistente en estructurar un bloque social que ponga sobre el escenario los valores de la izquierda en toda su dimensión, sin disimulos, haciendo frente a la ofensiva ideológica que han orquestado durante estos años de crisis los sectores neoliberales que dirigen el entramado institucional, empresarial y mediático que gobierna el mundo occidental. El del 26 será un pequeño nuevo paso, puede que insuficiente en sí mismo, pero absolutamente necesario en el reto de construir un bloque social hegemónico que ponga fin al deterioro sociopolítico que se vive en Euskal Herria.