El más largo conflicto armado de América del Sur parece encaminarse hacia la consecución de una paz duradera a través de un Acuerdo que destaca por la seriedad de las dos partes, el Gobierno colombiano de Santos, y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el más antiguo grupo armado con ocupación del territorio del subcontinente.

Varios aspectos llaman poderosamente la atención en él: el inicio de las conversaciones sin exigir hasta el final del proceso («nada está acordado hasta que todo esté acordado», dice la regla 10 de funcionamiento) el fin de las acciones armadas ni de las FARC ni del Gobierno; el respaldo como garantes o acompañantes de las conversaciones de un Estado europeo tan implicado en la búsqueda de la paz mundial como Noruega y de los dos gobiernos progresistas de Cuba y Venezuela; y la agenda, que contiene, junto a reivindicaciones asumidas por las FARC y sin duda por el pueblo colombiano (el desarrollo agrario integral, la participación política de todos, la solución al problema de las drogas ilícitas), mecanismos necesarios para la construcción de la paz relacionados con el resarcimiento de las víctimas, el fin del conflicto, y la implementación del mismo.

Cuando se constata que la agenda del acuerdo se extiende a puntos como el fin del paramilitarismo, las reformas institucionales que deben acompañar a la construcción de la paz, y las garantías para el ejercicio de la oposición política en general y de los movimientos que surjan tras la firma del Acuerdo en particular, uno no puede menos que lamentar que el agente gubernamental de la resolución del conflicto vasco se encuentre, no en Bogotá, sino en la Moncloa madrileña. Pues comparado con los actores colombianos, es al Gobierno español al que puede aplicarse ese término tan estúpidamente eurocentrista y tan grotescamente inadecuado, cada vez más además, de «tercermundista».

Aquí, como bien sabemos, la agenda del proceso no gira en torno al programa social, las reformas institucionales, las garantías de la actividad de los nuevos movimientos políticos; gira -ha girado- sobre si se van a respetar o no principios universales en materia penitenciaria tales como el que un preso aquejado de enfermedad terminal, este caso cáncer con metástasis, pueda pasar sus últimos días en libertad y con los suyos.

Un movimiento creado previamente a la conclusión del Acuerdo, pero sin duda reforzado por las expectativas que abre el mismo, es la Marcha Patriótica de Colombia, que visita estos días Euskal Herria. La prensa del stablishment lo ha encasillado ya en el papel de brazo político de un grupo terrorista. Yo, como es lógico, no conozco a la Marcha Patriótica por dentro. Pero estoy seguro de que al igual que en otros casos, el Sinn Fein, la Izquierda Abertzale, los nacionalistas corsos... habrá en ella gente que haya apoyado la acción armada hasta el comienzo del proceso, gente que disentía de la misma, víctimas del Estado como mi estudiante de Ciencia Política y amigo Jorge Freytter-Florian, cuyo padre perdió la vida a manos de los grupos paramilitares; pero todos unidos en la defensa del progreso político, económico y social de su país, en el respaldo del Acuerdo cuya fase de conversaciones directas va a comenzar en Oslo el próximo mes de octubre, y en la ilusión y esperanza de que la firma del mismo les permita comenzar a dar cuerpo a sus sueños.

Démosles aquí todo nuestro apoyo y nuestro afecto. Por razones altruistas, para hacerles sentir que no están solos; pero también por razones egoístas. Pues cuanta más solidaridad mostremos hacia las reivindicaciones y el dolor de los pueblos del mundo, menos solos no sentiremos los vascos y vascas, y más acompañados estaremos en nuestras propias demandas y sufrimiento.