Desde hace semanas, los combates son cotidianos y los muertos se cuentan por decenas. El pasado martes, seis miembros de las Fuerzas de Seguridad turcas y un civil murieron en la explosión de una bomba en Tunceli (Kurdistán Norte). La semana pasada, una veintena de soldados y policías ocupantes murieron en ataques atribuidos al PKK. Fuentes turcas han anunciado una ofensiva cerca de la frontera con Irak (Kurdistán Sur) y han ofrecido un balance provisional de 13 guerrilleros y dos soldados turcos muertos. Mientras sus aviones F-16 bombardean objetivos en la región montañosa de Kavusak, cerca de la localidad de Cukurka, el primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, reivindicaba la muerte de más de medio millar de guerrilleros el último mes. Toda una exageración habida cuenta de que el propio Erdogan matizaba un día después su balance y lo dejaba en 239 «terroristas» y 144 ocupantes turcos muertos. Pero, más allá de cifras, la retórica guerrera que lo acompaña certifica un progresivo retorno del conflicto a los años de plomo de la década de los 90. Ankara acusa al régimen sirio de estar en el origen de este repunte de la violencia por su supuesto apoyo a los kurdos y como respuesta al apoyo explícito de Turquía a los rebeldes sirios.

La degradación de las relaciones entre Turquía y Siria, y de refilón Irán e Irak -países todos ellos que reprimen a sus minorías kurdas y que no han dudado en sellar alianzas contra este pueblo- ha abierto una brecha que está siendo aprovechada por el PKK. La guerrilla «ha comprendido este nuevo escenario como una oportunidad». señala Hugh Pope, del International Crisis Group.

Pero esta conjunción no explica por sí sola el desarrollo de los acontecimientos. «Estaríamos en la misma situación sin la crisis siria», insiste la diputada del Partido por la Paz y la Democracia (BDP) Gülten Kisanak, «El PKK había advertido de que intensificaría su guerra en caso de fracaso de las negociaciones con el Gobierno», recuerda. Lllegado en 2003 al poder, Erdogan anunció su voluntad de poner fin a un conflicto que, desde 1984, ha dejado 45.000 muertos. De 2009 a 2011, el Gobierno del islamista AKP negoció con el PKK. Pero las discusiones fracasaron, Desde entonces, la guerra ha vuelto con fuerza. Las ofensivas guerrilleras y su nueva estrategia de conquista de territorios es respondida con operaciones militares salvajes por parte del Ejército turco.

Exigen la ley marcial

Es la hora de la firmeza. «Nuestro combate contra el terrorismo continuará sin descanso», señalaba Erdogan, para añadir que «los terroristas deben saber que las operaciones del Ejército no cesarán hasta que depongan las armas». En el extremo, el panturco MHP presiona para que endurezca aún más su posición. Tras denunciar la «negligencia y apatía del Gobierno«, su líder, Devlet Bahçeli, le exige que imponga la ley marcial.

El principal partido de oposición, el kemalista CHP, rechaza, por boca de su líder, Kemal Kiliçdaroglu, todo debate sobre una eventual autonomía de Kurdistán Norte «con la organización terrorista».

La guerra ha llegado al terreno judicial, con el encarcelamiento de miles de personas acusadas de complicidad o integración en el PKK. Diputados del BDP han sido amenazados con perder su inmunidad parlamentaria. Estambul es escenario además de un macrojuicio contra periodistas kurdos.

Una estrategia de criminalización que inquieta a defensores de los derechos humanos. «El Gobierno debe poner término a los abusos de la legislación antiterrorista y a los encarcelamientos masivos», señala Emma Webb Sinclair, portavoz de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW). «El Gobierno ha optado por una opción militar que ha fracasado siempre», coincide Hugh Pope, para añadir que «es un error, porque su única posibilidad es llevar adelante reformas que den a los kurdos la sensación de que son tratados de forma equitativa». «Lo único que exigimos es que se levante el embargo que impide los derechos de los kurdos», concreta Kisanak. «Si el Gobierno decide negociar, el PKK no tendrá otra salida que seguirle», añade.