El momento ya ha llegado y así quieren que lo entienda París que nunca ha atendido la demanda de institución propia para Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Los gobiernos de turno, fueran del signo político que fueran, siempre la han rechazado aunque, debido a la persistente demanda, se han visto obligados a ofrecer sustitutivos descafeinados para aplacarla.

De ahí emanó la creación en 1994 de la estructura pays y sus consiguientes Consejo de Desarrollo y Consejo de Electos, en un intento de neutralizar la frustración generada por la incumplida promesa de François Mitterrand de crear un Departamento propio.

Muchos sectores, especialmente abertzales, nunca se han conformado con esta fórmula y la demanda de reconocimiento, sea a través de un Departamento o de un Estatuto de Autonomía, ha seguido presente y ganado adeptos. Dejando de lado la eficacia, carencias, y complejidad del dispositivo pays, es de ley reconocer que, de cierta manera, sí ha llegado a aunar en proyectos y acciones a muchos sectores de la sociedad civil, cultural, social, económica y, por supuesto, a electos de diferente tendencia.

Así, poco a poco, la acción propia para un territorio específico -el de Ipar Euskal Herria- ha ido tomando cuerpo y, aunque quizás no fuera el resultado buscado por París, lo cierto es que la exigencia del reconocimiento territorial a través de una institución ha ido ganando terreno.

Hasta hace unos pocos años, en concreto hasta la reforma territorial iniciada por el expresidente Nicolas Sarkozy en base al estudio Balladur, la fórmula más extendida para responder a dicha reivindicación era la del Departamento vasco.

Sin embargo, esa reforma aprobada en diciembre de 2010 y cuya aplicación fue suspendida hasta que pasaran las elecciones presidenciales y legislativas de este año, vaciaba de poder el Consejo General (la institución departamental) y muy pronto se evidenció que no servía para responder a los retos y problemáticas vascos.

La labor, entre otros, de Batera que tras analizar la nueva situación redirigió la histórica demanda del Departamento, reforzó una nueva posibilidad que encajaba con la Constitución francesa. Fue así como se planteó la fórmula de la colectividad territorial específica.

El Consejo de Desarrollo y el de Electos se resistieron a darla por buena sin más y durante meses estuvieron poniendo sobre la mesa tres opciones: mantener el status quo, es decir la actual entidad de pays, muy desgastada por no responder a las cuestiones y retos del territorio y que también iba a quedar «vaciada» con la reforma de Sarkozy; embarcarse en la fórmula de Sindicato de Mancomunidades y Aglomeraciones (algo ingestionable) o, la tercera, dirigirse hacia una coletividad territorial específica (CTE).

No fue fácil lanzar el debate, sobre todo entre los electos. Pero, al final no les quedó otra porque la presión social iba en aumento. Y cuando por fin hincaron el diente a la cuestión de la gobernanza, hete aquí que muchos descubrieron que la CTE ofrecía el potencial más viable.

El consenso sobre esta fórmula iba extendiéndose, aunque es cierto que todavía no se ha llegado a la unanimidad. Los abertzales incluso optaron discretamente por aparcar (que no descartar) su reivindicación de autonomía en aras de llevar una petición lo más concordante posible a París.

Paralelamente se dieron cambios trascendentales en el panorama político. Tras las elecciones de primavera, los socialistas tomaron las riendas de la República. El Departamento había pasado el año anterior, por primera vez, a manos del PS y en las senatoriales y legislativas obtuvieron un gran triunfo también en Ipar Euskal Herria.

La reforma de Sarkozy iba, por lo tanto, a ser retocada como prometió François Hollande, que prefirió plantear su propia contrareforma, el denominado Acto III de la Descentralización, cuyos prolegómenos han comenzado ya estas semanas.

A esto se sumaba el nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria tras la Conferencia de Aiete y la decisión de ETA de abandonar la lucha armada. Un factor este de primer orden, puesto que durante décadas había sido la perfecta excusa de París para no ceder un ápice de su esencia jacobina.

En ese contexto, el pasado 6 de setiembre la mayoría del Consejo de Electos apostaba por plantear al Gobierno la vía de la colectividad territorial específica. Es evidente que nunca antes se ha dado un concurso de circunstancias tan favorables para alcanzar el anhelado reconocimiento institucional. Pero, según se van acercando los plazos, la incertidumbre de si Gobierno, Asamblea Nacional y Senado lo aceptarán y sobre cómo reaccionarán el Consejo Regional de Aquitania y el Consejo General de Pau (recordemos, con mayoría del PS en todas ellas) también aumenta.

La maniobra infructuosa de varios electos socialistas vascos intentando rebajar la petición de una colectividad territorial, justo en el momento en que el Consejo de Electos iba a pronunciarse, refleja que el tema divide o quizá que París ya ha decidido no acordarla, por lo que plantearon algo menos osado.

Que electos como Jean Espilondo, alcalde de Angelu, estén en contra, no es ninguna novedad. En los principales partidos de implantación estatal las posiciones no son unánimes. De hecho, ninguno manifiesta una posición como fuerza política pero son conscientes de que llegó la hora de encarar el tema.

Lo que resulta incoherente es que en un Departamento bipolar -Ipar Euskal Herria y Béarn- como lo admiten y tratan los propios políticos, electos, agentes económicos y sociales, el Consejo General no haya tratado aún el tema. El presidente Georges Labazée lo demora, seguramente porque no es proclive al reconocimiento institucional de los territorios vascos pero, sobre todo porque no está dispuesto a dividir el Departamento que por primera vez gobiernan los socialistas.

Y es que la CTE no es compatible con el Departamento, ni jurídicamente (es una institución que tiene que tener sus propios electos), ni a nivel competencial. La CTE tendría, como mínimo, las del Departamento e, incluso, alguna más, según plantean desde el Consejo de Desarrollo y el de Electos. Además, todos coinciden en que no puede añadirse otro estrato institucional al ya complejo «mil hojas» administrativo francés. Por lo tanto, es obvio que la CTE conllevaría la secesión del Departamento.

Los electos socialistas más partidarios de la CTE lo saben. Algunos están dispuestos a abordarlo, por ejemplo la senadora Fréderique Espagnac o la diputada Sylviane Alaux. Otros declaran que sí apoyarían tal posibilidad pero no van a incitarla hasta que el debate acabe, que sitúan en varios años. Es el caso de Kotte Ezenarro, vicepresidente del Consejo General.

Mientras, los rumores que llegan de París y de los representantes estatales (léase prefecto) no parecen augurar cambios. Escudándose en el eterno «pónganse de acuerdo antes», el Gobierno apostaría por mantener el status quo. Labazée y Espagnac ya han sido oídos (por separado) por los responsables ministeriales. El 4 y 5 de octubre van a tener lugar los Estados Generales de la Descentralización a nivel estatal. Unos días más tarde una delegación del Consejo de Electos será recibida por Marylise Lebranchu, ministra para la Reforma del Estado.

Las próximas semanas serán muy importantes para el devenir de Ipar Euskal Herria. Los encuentros, declaraciones, asambleas y manifestaciones públicas se multiplican en un esfuerzo de no perder la cita porque todos saben que es el momento.

Ahora les toca a los socialistas mover ficha. Los ciudadanos vascos, sus electos, los sectores económicos y sociales no entenderían que se repitiera el escaqueo de 1981.