Hace apenas quince días que se ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, que ha venido a sustituir o absorber lo que hace unos años era el Día sin Coches. Con tal motivo, numerosos municipios han organizado actividades destinadas a concienciar a los ciudadanos de la necesidad de utilizar menos el vehículo privado y optar por el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie. Lógico, pues el modo de transporte basado en el automóvil particular es precisamente el paradigma de la insostenibilidad del modelo de movilidad (y, en realidad, también del sistema de producción y consumo vigente). Tan lógico que hasta el PP lidera los discursos de la Semana de la Movilidad en los municipios que gobierna, como es el caso de Gasteiz, la flamante capital verde.

Sin embargo, apenas dos semanas después, ha sido el propio Gobierno del PP el que ha dejado en evidencia los límites de esos discursos políticamente tan correctos con la aprobación del Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), un título muy pomposo para lo que no es nada más (y nada menos) que una partida de 75 millones de euros (revisable al alza) destinada a subvencionar directamente la adquisición de automóviles privados. Conviene recordar que es la tercera inyección de este tipo que recibe el sector de la automoción en cuatro años, pues el Gobierno del PSOE aprobó programas semejantes en 2009 y 2010.

A pesar de que el título del plan hace referencia a la eficiencia energética que se derivaría de la sustitución de viejos por nuevos automóviles, a nadie se le escapa que ese no es el principal objetivo del PIVE, sino, en el mejor de los casos, una consecuencia colateral del mismo, y eso, repetimos, en el mejor de los casos. En realidad, ni siquiera el propio Gobierno insiste mucho en ello, probablemente porque es consciente de que su credibilidad en el campo del medio ambiente es ninguna. En el campo del medio ambiente en general, pero también en el específico de la energía, y, por no hablar siempre de Garoña y el resto de las nucleares, recordaremos que a principios de año eliminó la prima a las energías renovables.

No, está claro que el PIVE no tenga que ver con el medio ambiente, sino con la necesidad de «echar una mano» a un sector que, sin duda, las está pasando canutas. Claro que resulta llamativo que con la que está cayendo, con recortes draconianos incluso en los ámbitos más básicos, se destinen 75 millones de euros de las arcas públicas a este sector en concreto, y lo haga además un partido que ideológicamente propugna la autorregulación del mercado y con frecuencia se muestra furibundamente contrario a los subsidios (salvo que sean para la banca, claro). Eso por una parte, pero por otra, ¿acaso hay algún sector que no las esté pasando canutas?

Dicho de otro modo: ¿La medida es justa? O, si lo prefieren, ¿no es discriminatoria? Los fabricantes de motos, por ejemplo, ya han protestado, porque esta vez han quedado fuera del programa. Y argumentan, con lógica, que si de ahorro energético se trata, sus vehículos son más eficientes que los de cuatro ruedas. Pero, en definitiva, ¿por qué una subvención directa a quienes adquieran un automóvil nuevo y no a quienes precisen de otros bienes y servicios? Es más, en muchos sectores probablemente ni siquiera aspiren a una subvención, sino simplemente a que no les ahoguen con los recortes o con la subida del IVA.

Centrándonos en el ámbito del transporte y la movilidad, ¿por qué subvencionar la compra de un coche y, sin embargo, seguir aprobando año tras año subidas en el precio del billete del autobús o del tren de cercanías muy por encima del IPC? ¿A los usuarios del transporte colectivo no les afecta la crisis? ¿Les afecta más o menos que a los fabricantes de automóviles? ¿Por qué destinar 75 millones de euros de las arcas públicas precisamente a ese sector y no a fomentar el transporte público? Porque lo cierto es que, por ejemplo, los presupuestos destinados no ya a la mejora, sino al simple mantenimiento de las líneas de cercanías siguen siendo insuficientes; eso cuando no decrecen, simplemente.

Es que el automóvil es un sector fundamental en la economía, es que hay muchos puestos de trabajo en juego, es que por cada euro que pone el Estado ingresará 2,5 en concepto de IVA (según el ministro; según los fabricantes, tres, que parece casi lo mismo pero en realidad es un 20% más, lo que demuestra que el papel lo aguanta prácticamente todo). De acuerdo, aunque todo es matizable, pero sin duda, cosas parecidas pueden decirse de otros muchos sectores. ¿O no? Y, entonces, ¿por qué este trato tan diferenciado? ¿Debemos dar por bueno todo -y cualquier cosa- que se haga en nombre de la crisis? Del mismo modo que no «tragamos» con otras medidas, como que se dé (más) dinero a los bancos o se presenten ERE aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no deberíamos reflexionar críticamente sobre el hecho de que se subvencione con dinero público la compra de automóviles?

Lo que está claro es que una medida como esta pone en evidencia las limitaciones de los discursos políticamente correctos sobre movilidad sostenible, porque aquí, parafraseando el corrido, el automóvil sigue siendo el rey.