El colectivo CADE hizo entrega ayer por la mañana al subprefecto de Baiona de las 23.652 firmas que han avalado un manifiesto calificando como «inaceptable» el proyecto de la nueva línea del TAV de Lapurdi porque «no aporta nada ni a nivel de servicio público ni en ahorro de tiempo».

Al mismo tiempo, le remitió los registros de las 2.645 alegaciones (182 de ellas de electos) realizadas en el marco de la información pública de RFF (Red Francesa del Ferrocarril) para determinar la utilidad del tramo Burdeos-Hendaia. CADE ha denominado EPINE (Encuesta Pública sobre la Inutilidad de Nuevos Equipamientos) la fase de recogida de alegaciones que efectuó en setiembre, en paralelo a la oficial.

Mientras la oposición al proyecto sigue manifestándose cada vez con más fuerza, el Consejo Regional de Aquitania acaba de aprobar una partida de 5 millones de euros para financiar estudios complementarios sobre la adquisición o expropiación de los terrenos necesarios para llevarlo a cabo.

Críticas de EE-Los Verdes

Precisamente, el grupo Europe Ecologie-Les Verts ha criticado enérgicamente esta decisión, «ya que -estiman- esos trámites no corren ninguna prisa vistas las actuales dificultades de financiación y las recientes declaraciones del ministro del Presupuesto» sobre la necesidad de establecer prioridades porque no iba a ser posible encarar todas las inversiones previstas.

Unas declaraciones en línea con lo manifestado ayer mismo por el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, que a preguntas de los diputados Odón Elorza y Uxue Barkos aseguró que «no habrá inversiones públicas para el TAV pues la prioridad es reducir el déficit».

Sin embargo, estas se contraponen con las efectuadas por los máximos mandatarios españoles y franceses en la cumbre celebrada ayer mismo en París en el sentido de que esperan definir el «tramo fronterizo» a lo largo de 2013.

Por su lado, la Fundación Sustrai Erakuntza exigió ayer la «inmediata paralización» de las obras y trámites administrativos del tramo navarro hasta que se resuelva el recurso presentado ante la AN por «irregularidades», al no haberse renovado la pertinente Declaración de Impacto Ambiental cuya vigencia de cinco años expiró en 2009.