Cuando el Gobierno de Lakua dio a conocer, el pasado 28 de febrero, el decreto para adjudicar 34 nuevas licencias de radio, numerosas opiniones autorizadas evidenciaron que las bases del concurso público favorecían claramente a los grandes grupos empresariales de ámbito estatal, debido a la ventaja con la que partían por su potencial técnico y financiero. Aunque por el momento no se conoce el reparto definitivo de licencias, los datos hasta ahora conocidos permiten hacer una primera valoración que incluiría tres puntos a destacar.

Comenzando por los aspectos positivos, es reseñable el hecho de que se haya respetado la reserva realizada para las radios en euskara. Al respecto, cabe destacar la fuerza del proyecto representado por Hamaika Telebista, que ha ganado varias de las licencias, incluidas las de las tres capitales. En segundo lugar, en lo referente a las radios comunitarias, y a pesar de que se han concedido algunas licencias, el concurso ha castigado duramente a las radios históricas Tas-Tas, de Bilbo, y la gasteiztarra Hala Bedi, confirmándose la desventaja con la que concurría ese tipo de radios frente a las grandes cadenas madrileñas. Por último, los hechos evidencian que los nuevos tiempos no evitan las viejas costumbres: GARA ha sido totalmente vetada de las licencias, no habiendo logrado ninguna de ellas. Eso supone un nuevo ataque contra el pluralismo que se supone debería perseguir este tipo de licitaciones. Era el momento para revertir la tendencia a la segregación ideológica en un espacio en el que esta resulta particularmente grave desde ese punto de vista: los medios de comunicación.

Al parecer, han prevalecido los viejos tics de más que dudosa ecuanimidad que en su tiempo intentaban justificar aludiendo a un contexto condicionado por la violencia. Si desde el punto de vista de la libertad de expresión, de la pluralidad y de los mínimos democráticos dicha justificación resultaba inaceptable, en la coyuntura actual es, además, provocadora, con el agravante de tratarse de una decisión tomada a escasos diez días de unas elecciones en las que se elegirá el Parlamento del que surgirá el nuevo gobierno de Gasteiz.

Entre otras críticas que se podrían añadir a esta primera valoración, llama la atención el hecho de que el nuevo reparto de licencias sigue sin solucionar la realidad de las radios alegales que, por poner un ejemplo, en Donostia suponen el el 54% de las radios que actualmente emiten, y continuarán en esa situación.

La creación de un sistema comunicativo vasco como elemento vertebrador del país, incompatible con un reparto en realidad regulado por los gobiernos de Madrid y París y con criterios clientelares, sigue siendo un reto pendiente.