Las declaraciones de las últimas semanas referidas a la viabilidad o inviabilidad de un sistema vasco de pensiones son, según LAB, «una debate tramposo para meter miedo en elecciones». La secretaria de Política Social, Bea Martxueta, y Mikel Saralegi, de la asamblea socioeconómica de la central, denunciaron ayer que PSE y PP están haciendo un uso electoralista del debate sobre las pensiones y añadieron que «están manipulando datos económicos, sin ningún tipo de rigor, para hacer creer que una Seguridad Social pública vasca es inviable».

Ante estas afirmaciones, apuntaron que una Seguridad Social vasca «no es solo viable, sino también necesaria». Además, acusaron a PSE y PP de ocultar un aspecto fundamental, y es que, tal como señalaron, «las pensiones no son algo que regala el Estado español». Explicaron que las pensiones se financian con las cotizaciones de empresas y trabajadores, «también de Euskal Herria».

No obstante, en su opinión, la gestión de las pensiones es algo que va más allá de la economía. Así, afirmaron que «el Estado español, a través del sistema de Caja Única, se ha apropiado de esas cotizaciones y las gestiona con criterios políticos y económicos». Por esta razón, reiteraron que un sistema vasco sería «perfectamente viable» y apuntaron que «a todas luces, si algún sistema de pensiones va a ser inviable será el de un Estado español que está derivando, por mandato constitucional, todos sus recursos al pago de los intereses de la banca en lugar de a necesidades sociales como las pensiones».

«Baile de cifras»

Con el objetivo de demostrar la viabilidad de un sistema vasco de pensiones y poner fin al «baile de cifras indecente» de PSE y PP para dar a entender lo contrario, Martxueta y Saralegi apuntaron una serie de datos. En primer lugar, señalaron que, en materia de cotizaciones y prestaciones, entre los años 2000 y 2009 se han transferido desde Euskal Herria 12.438,27 millones de euros netos a la Caja Única de la Seguridad Social.

Añadieron que parte de los 60.000 millones del Fondo de Reserva, en concreto el 7,28% si se calcula en relación al concierto-convenio, es de empresas y trabajadores vascos.

Otro dato a destacar por los representantes de LAB es que en el periodo 2004-2009 se transfirieron a Madrid vía cupo líquido más de 11.700 millones de euros, mientras que las inversiones realizadas por el Estado en Euskal Herria fueron de 3.520 millones de euros.

Sobre el estado de las cuentas, explicaron que «en el único estudio encargado por el Gobierno de Zapatero al Instituto de Estudios Fiscales, publicado en 2008 con datos de 2005, en términos monetarios, el superávit de Hego Euskal Herria fue de 1.000 millones de euros».

Por otro lado, censuraron que «los efectos de la especulación financiera e inmobiliaria en las cuentas públicas, las obras faraónicas, el TAV y otros megaproyectos, los fraudes y las subvenciones a fondo perdido ejecutados por los gobiernos del PSOE y PP nos suponen un sobrecoste de 3.000 millones de euros anuales».

Una propuesta sobre la mesa

Con todos estos datos sobre la mesa, incidieron en la necesidad y viabilidad de un sistema vasco de Seguridad Social, porque más allá de los parámetros económicos, consideraron que es una cuestión política y social. Así las cosas, tomando como referencia las necesidades del tejido productivo y social vasco, presentaron una propuesta dirigida a garantizar las pensiones en Euskal Herria.

Los representantes de LAB enumeraron las bases de este sistema, que son, una política de pleno empleo de calidad, una mejora sustancial de las retribuciones salariales y la estabilidad en el empleo, desarrollo de unos servicios sociales públicos de calidad y una política fiscal justa y progresiva, entre otras.

Para poder alcanzar estos objetivos, plantearon en primer lugar la creación de un fondo de garantía financiado por las contribuciones de empresas y trabajadores vascos y la parte correspondiente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social del Estado. A ello habría que añadir las aportaciones fiscales necesarias para su viabilidad. También propusieron eliminar las bonificaciones fiscales a planes de pensiones privados y un incremento sustancial del gasto público en pensiones, que está cuatro puntos del PIB por debajo de la media de la UE.

Por último, instaron a los representantes de los gobiernos de Gasteiz e Iruñea a abordar este debate y comprometerse con la garantía de las pensiones públicas en Euskal Herria.