La delegada del Gobierno en Nafarroa, Carmen Alba, aseguró ayer que revisará a fondo si la nueva ley de copago de medicamentos aprobada en el herrialde cumple con la Constitución, porque dice que la normativa impuesta desde Madrid era «de obligado cumplimiento».

La ley que ha disgustado a Alba se aprobó el jueves en el Parlamento. Con esta norma, los pensionistas recuperan su derecho a obtener medicamentos de forma gratuita. La normativa, muy similar a la ya existente salió adelante con el rechazo de UPN y PP.

Si el PP recurre la ley, el Constitucional puede decidir dejarla sin efecto hasta que delibere la sentencia funal. El Gobierno navarro no tiene potestad para enviar al TC una norma que ha decretado su propio parlamento. De todos modos, el PP deberá darse prisa porque la ley pronto entrará en vigor. Según las cifras que maneja UPN, el regreso a una ley similar a la que había hasta este mismo año tiene un coste de 36 millones de euros.

Paga de los funcionarios

La delegada del Gobierno aseguró que también está estudiando si el Parlamento navarro cumple la ley al adelantar la extra de julio a enero, para evitar que los funcionarios pierdan la paga extra. Para Alba, «puede haber indicios de fraude». El argumento de la delegada es el mismo que en el caso de la ley de medicamentos: es una imposición de Madrid y Nafarroa no tiene autoridad.