Si hay algo sorprendente en el debate público sobre el sistema de pensiones en el Estado español, es la facilidad con la que se recurre a términos como «inviable» o «insostenible». Al ciudadano medio, desconocedor de la habitual superficialidad dominante en la ciencia económica, estos términos le sugieren que el mantenimiento del actual sistema de pensiones generaría cataclismos presupuestarios o económicos de tal magnitud que resultaría, literalmente, imposible de mantener. No hay tal.

En función de las previsiones demográficas y macroeconómicas, el escenario «dantesco» se concreta, a efectos del sistema español de pensiones, en una previsión de incremento del coste de las pensiones contributivas desde el actual 9% del PIB (10,1% previsto para 2013 en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado) a un 15% en 2050.

Evidentemente, es un incremento sustancial, especialmente cuando los ingresos del sistema de pensiones de la Seguridad Social se prevén estables en su proporción sobre el PIB, como con frecuencia se ha estimado.

Pero esto no significa en absoluto que el sistema sea «inviable» o «insostenible». Nadie obliga al Estado a financiar las pensiones con la recaudación de la Seguridad Social. La decisión sobre qué porcentaje de los presupuestos se destina al sistema de pensiones es, esto debe quedar claro, una opción política.

El que el coste de las pensiones en el Estado español se mantenga en el 10% del PIB, ascienda hasta el temido 15%, se sitúe en un intermedio 12,5%, etc. no significaría en modo alguno su insostenibilidad sino exclusivamente la necesidad de detraer más o menos recursos de otros conceptos de gasto público -y/o incrementar la recaudación fiscal- en la medida necesaria para financiar las pensiones.

Esto no es en absoluto imposible. Se podrá discutir si es o no recomendable, si ello puede lastrar más o menos la eficiencia de las instituciones públicas, la educación o, por ejemplo, la sanidad. Pero en ningún sitio está escrito que no sea posible generar progresivamente un 5% de PIB entre los distintos conceptos para dar cobertura al previsto «déficit» del sistema de pensiones.

Como referencia, digamos que los intereses de la deuda pública previstos para 2013 en el Proyecto presentado al Parlamento ascienden nada menos que a 38.660,23 millones de euros, un 3,63% del PIB español.

Puesto que el nivel de endeudamiento y su coste no eran lógicamente previsibles, parece claro que este 3,6% ha obligado a reducir otras partidas presupuestarias o a generar ingresos tributarios en la cuantía necesaria para financiarlo. Que nadie diga que financiar estos intereses era «imposible» «inviable» o «insostenible». Se está haciendo. Como en el caso de las pensiones, es una opción y, por lo tanto, una decisión política.

Se escucha de vez en cuando el argumento de que «la deuda hay que pagarla, es un compromiso adquirido». Las pensiones de nuestros jubilados, por lo visto, no lo son. O, mejor dicho, son un compromiso adquirido que decidimos no respetar. Sencillamente, porque -aparentemente- tenemos más respeto a los acreedores del mercado de capitales que a nuestros jubilados. Pero esto también es -por supuesto- una opción política.

En este documento no pretendemos llegar a establecer con detalle cuál debe ser el esfuerzo que en cada caso deben realizar o no las cuentas públicas para atender los compromisos de pensiones. Nuestro objetivo es el indicado de clarificar que se trata de una opción y una decisión política y que carecen de toda legitimidad las repetidas afirmaciones referentes a la «inviabilidad», «insostenibilidad» o «imposibilidad» del sistema de pensiones.

Parecida falta de sentido tienen algunos comentarios que estamos oyendo estos días sobre la supuesta «inviabilidad» del sistema de pensiones «si Euskadi asume la Seguridad Social». El titular recogido al respecto por Europa Press es cuando menos sorprendente, especialmente si tenemos en cuenta que, a lo largo del artículo, el catedrático entrevistado afirma expresamente que «el sistema de seguridad social para el conjunto del Estado tampoco es viable».

Estas afirmaciones sobre el mayor o menor desequilibrio de las cuentas del sistema de pensiones aplicadas a Euskal Herria parten de una base radicalmente falsa, como es la necesidad de que las prestaciones del sistema de pensiones se financien con las cotizaciones. Ni es así ni tiene por qué serlo.

Lo importante para la «viabilidad» del sistema de pensiones no es cuánto recauda la Seguridad Social por este concepto sino cuál es la capacidad del conjunto de los presupuestos públicos de hacer frente o no a los compromisos por pensiones. Y ello depende, fundamentalmente, de la evolución de la economía del territorio correspondiente y de su capacidad de generar ingresos públicos a medio y largo plazo.

Las pensiones públicas pueden estar «comprometidas» pero no están realmente «garantizadas» en ningún país. Y, en sentido contrario, ni en el Estado español ni en Euskal Herria puede decirse que, en ningún caso, vayan a ser «inviables» o «insostenibles».

Lo que sí puede variar de un contexto a otro es, ciertamente, la mayor o menor tensión que sufran los presupuestos públicos para hacer frente a esos compromisos de pensiones. Y ello está relacionado, por supuesto, con la evolución demográfica, pero depende, fundamentalmente, de la capacidad productiva de cada país, de en qué medida se dispone o no de un tejido productivo capaz de generar a medio y largo plazo los recursos necesarios.

Si nos ponemos a discutir sobre si los presupuestos públicos cuentan con una base productiva más o menos dinámica para financiar los ingresos públicos en Euskal Herria o en el Estado español entraríamos en unas coordenadas radicalmente distintas. Pero, desde luego, las únicas válidas desde una perspectiva económica seria.