El portavoz de la Plataforma Stop Deshaucios en Gipuzkoa, Mikel Sánchez, afirmó que la vista supone «una luz en la oscuridad» porque es la primera vez en Euskal Herria, según este colectivo, que «un juez ha determinado una vista oral para escuchar a la defensa de un afectado por un desahucio».

Los letrados de este colectivo proponen en este caso que la dación en pago ya realizada por el afectado es «suficiente» para saldar la deuda contraída con el banco. En este caso, se trata del jubilado Iñaki González, residente en el barrio donostiarra de Herrera, que en 2008 compró un local cercano a su domicilio para reformarlo con el objeto de hacer en él una vivienda para uno de sus hijos.

Para ello solicitó una hipoteca de 80.000 euros a la Kutxa de Gipuzkoa, actualmente integrada en Kutxabank, que tasó el local en 113.000 euros. Sin embargo, según explicó el propio afectado antes de entrar al juzgado, no pudo hacer frente a los pagos de la hipoteca, por lo cual mediante un «procedimiento ejecutivo» Kutxa se adjudicó el local por 68.000 euros, el 60% del valor inicial de tasación.

A pesar de que González entregó las llaves del inmueble al banco, éste le reclama 12.000 euros en concepto de intereses vencidos y 23.000 para intereses y costas judiciales, una cantidad que al jubilado, que cobra una pensión de 417 euros, le es imposible afrontar. Ante esta situación, Kutxabank ha solicitado los registros de posibles bienes que pueda tener el afectado, como su domicilio habitual, para seguir ejecutando la hipoteca.

«Todas mis pertenencias»

«Ya está en venta el local por el que pedí el préstamo, por 119.000 euros, pero no les basta con eso. Ahora quieren el piso, el coche y todas mis pertenencias», se quejó González, quien se mostró dispuesto a «seguir luchando». Criticó que las autoridades no trabajen en un «plan de rescate para el necesitado y el desahuciado», y se lamentó de la situación aún peor que soportan personas que «ven que pueden quedarse en la calle con hijos pequeños a su cargo».

El portavoz de Stop Deshaucios recordó que en el primer semestre de 2012 en la CAV se han dictado 15 órdenes de desalojo al mes, tres de ellas en Gipuzkoa, según datos del Consejo General del Poder Judicial.