El PNV, partido vencedor de las elecciones autonómicas de hace diez días, comenzó ayer la habitual ronda de contactos con el resto de formaciones políticas. En la agenda, la posibilidad de forjar acuerdos que den estabilidad al Ejecutivo y también, aunque de forma incipiente, diseñar las líneas generales sobre las que pivotará la actividad parlamentaria en la próxima legislatura. Siguiendo el orden de representación obtenida, EH Bildu y PSE fueron los primeros interlocutores de los jeltzales, y según explicó Laura Mintegi, tanto la coalición soberanista como la delegación encabezada por Iñigo Urkullu mantuvieron una actitud abierta y proclive al entendimiento.

Desde luego, en una Cámara en la que PNV y EH Bildu cuentan con casi dos tercios de los escaños, cualquier acuerdo entre ambos ofrecería un importante marco de estabilidad y tranquilidad suficiente para abordar los retos que le aguardan al próximo lehendakari. Pero más allá de la aritmética parlamentaria, una entente de estas características respondería con mayor coherencia que cualquier otra al escenario que ha dejado el paso por las urnas. En un Parlamento de amplia mayoría abertzale, la más importante en muchos años, sería incongruente alimentar dinámicas contrarias a esa correlación de fuerzas en aquellas materias que se refieren a la estructuración del país y a su futura relación con el Estado. Lo mismo puede decirse del proceso de paz y soluciones democráticas que, aun con obstáculos y amenazas, intenta asentarse en Euskal Herria.

Probablemente, en materia económica la posibilidad de acuerdo no es tan amplia, debido a las posiciones divergentes de las que parten las dos formaciones, aunque no debería ser imposible si prevalece el bienestar de la ciudadanía en un contexto tan complicado como el actual. En todo caso, quizá en este ámbito sea posible activar otro tipo de alianzas, siempre con la condición de no pervertir la voluntad expresada por la ciudadanía, que ha apostado por un cambio político y social.