Ayer, por primera vez en Gipuzkoa un tribunal atendía los argumentos de un jubilado donostiarra para evitar que fuera desalojado de su vivienda. El fallo puede establecer un precedente y, en cierta medida, hacer la luz en la oscuridad de un drama que afecta a miles de ciudadanos de este país. Que lo han perdido todo y pueden ser condenados de por vida a no poder volver a empezar.

La legislación permite hoy al banco adjudicarse el bien hipotecado por la mitad de la deuda que tenga el propietario, lo que supone una doble condena para este y su familia: no solo pierden la propiedad de la que hasta entonces ha sido su vivienda habitual, sino que mantienen viva la mitad de la deuda prácticamente de por vida, porque apenas pueden hacer frente a su pago, lo que impide que puedan partir de cero. Cancelar la deuda con la entrega del bien, la denominada dación en pago, puede y debe hacerse por encima de la voluntad del banco. Usando fórmulas, legislativas y de presión social que, a pesar de adjudicarse el bien, obliguen a pactar un alquiler asumible y condiciones de recompra si logra recuperar la renta. Son posibilidades, ciertamente arbitrarias, pero todas preferibles al desahucio que condena a miles de vascos a vivir de la caridad de familiares de los que se emanciparon, o en el peor de los casos, a la exclusión social y a la desesperación.