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El Tribunal de Pau rechaza la euroorden presentada contra Arturo Villanueva

El Tribunal de Pau ha rechazado la euroorden presentada por la Audiencia Nacional española para que le entregase a Arturo Villanueva. Su abogada explicó que los jueces han considerado que no se puede entregar al vecino de Iruñea por haber sido miembro de Jarrai.

GARA | PAU

El Tribunal de Apelación de Pau rechazó ayer la entrega de Arturo Villanueva al Estado español, tal y como había solicitado Madrid mediante una euroorden. El propio Villanueva difundió esta información a partir de su cuenta de Twitter.

Los jueces franceses no han aceptado la petición española porque no han recibido la información suplementaria que habían reclamado, basándose en la pertenencia a Jarrai del vecino de Iruñea, que se enfrentó a otra euroorden similar cuando vivía en Belfast y que también fue rechazada.

«El Tribunal ha estimado que no es posible entregar a Villanueva por haber sido miembro de una organización legal», comentó Maritxu Paulus-Basurco, la abogada del procesado, que reconoció estar satisfecha por la decisión.

El Tribunal de Pau ha estimado también que «la ausencia de informaciones complementarias solicitadas a las autoridades judiciales españolas no nos permite asegurar que la euroorden se adecua a la ley», según comentó Paulus-Basurco.

Estas informaciones complementarias se refieren a la traducción al francés de las 159 páginas de la documentación en castellano remitida por la Audiencia Nacional española. Madrid no hizo caso a este requerimiento con el argumento de que «la traducción era económicamente irrealizable».

Villanueva fue detenido en Belfast en abril de 2008 a instancias de las autoridades españolas, que presentó una euroorden para su entrega, pero fue rechazada por los jueces de la ciudad irlandesa.

Tras permanecer nueve años en Irlanda, Villanueva decidió regresar este año a Lapurdi, donde hizo vida pública hasta que fue detenido por la presentación de la euroorden.

sin traducción

Madrid no envió la documentación traducida al francés que le requirió el Tribunal de Pau al considerar que era «económicamente irrealizable».

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