Reforma fiscal en Euskal Herria
Araba y Bizkaia se niegan a aprobar el nuevo Impuesto sobre la Riqueza
GARA | DONOSTIA
Las diputaciones de Araba y Bizkaia siguen manteniendo su postura inflexible ante la próxima implantación del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas en Gipuzkoa tras el acuerdo alcanzado por Bildu y PSE. El principal argumento para rechazar el nuevo tributo es el de la armonización fiscal, ya que ni Araba ni Bizkaia tienen intención de establecer dicho impuesto en sus territorios, según indican ahora, para que las haciendas de los tres territorios estén armonizadas.
El diputado general de Araba, Javier de Andrés, y el portavoz de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, valoraron ayer en sendas comparecencias la decisión de Gipuzkoa y coincidieron en el rechazo a la misma por la repercusión negativa que en su opinión podría tener en las empresas. Ambos se mostraron favorables a mantener el actual Impuesto de Patrimonio.
De Andrés consideró que la fórmula planteada por Gipuzkoa «es muy negativa» y «un gran error» porque -según señaló- perjudica mucho al tejido industrial. «Gipuzkoa sabrá lo que hace pero hacer este tipo de cambios fiscales que perjudican a la generación de empleo me parece que no es lo más adecuado en este momento», recalcó.
Además, mostró sus dudas sobre la legalidad de este tributo y opinó que podría ser «confiscatorio». De Andrés llegó a afirmar que «a la gente se le puede exigir que contribuya a los demás con sus ingresos pero no quitarle una parte de su casa».
Por su parte, Aburto dijo que «no cree que el impacto (del nuevo impuesto) sea considerable» ya que las previsiones de recaudación «no van más allá de ocho o nueve millones de euros». Reconoció que el acuerdo alcanzado por Bildu y PSE es «absolutamente legítimo», pero criticó que la decisión se haya tomado al margen del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). A este respecto, la Diputación de Gipuzkoa ha manifestado en reiteradas ocasiones que ha trasladado el proyecto a las instituciones forales de Araba y Bizkaia.
También De Andrés aludió a la armonización y añadió que este acuerdo alcanzado en materia fiscal «no es el primero que se adopta y no será el último». Sobre esta cuestión se pronunció también el secretario general del PP, Iñaki Oyarzabal, quien afirmó que PSE y Bildu solo se ponen de acuerdo «para subir impuestos».
La portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, se refirió al acuerdo de Bildu y PSE y afirmó que es «puntual» y fruto de la «coincidencia» en materia fiscal. Añadió que su partido defendió durante la última campaña electoral la necesidad de implantar un impuesto similar al planteado por Bildu en Gipuzkoa.
Garitano responde
Ante las críticas de Araba y Bizkaia, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, dijo no entenderlas y las consideró «injustas» e «insuficientes desde el punto de vista dialéctico». Defendió que «quienes en definitiva se han enriquecido trayéndonos a esta crisis al conjunto de la sociedad, son los que tienen que aportar más para que todos podamos salir y nadie quede en el camino».
Además, opinó que quienes critican este nuevo impuesto deberán apoyar «en beneficio de todos» lo que ha acordado la mayoría de las Juntas de Gipuzkoa. Con los votos de Bildu y PSE, que suman mayoría en las Juntas Generales, el nuevo tributo será aprobado en pleno en las próximas semanas y pasará a sustituir al actual Impuesto sobre el Patrimonio.
El presidente de Adegi, Pello Guibelalde, expresó su «temor» de que el Impuesto sobre la Riqueza «castigue, una vez más, a las empresas» y defendió que la política fiscal debe estar orientada a «fomentar la actividad económica y empresarial».
Las Juntas Generales de Araba aprobaron ayer, como ya hicieron Bizkaia y Gipuzkoa, abonar a su personal la paga extraordinaria de Navidad, gracias a los votos a favor de Bildu, PNV y EB, la abstención del PSE y el rechazo del PP.
La menor recaudación fiscal influirá en las arcas forales de Bizkaia y Gipuzkoa. Tanto es así que los ayuntamientos de Gipuzkoa deberán devolver 22,7 millones a la Diputación del Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM) mientras que los consistorios vizcainos tendrán que devolver 29 millones. No obstante, de cara a 2013 las previsiones son mejores para Gipuzkoa, ya que según la directora de Política Fiscal, Itziar Miner, los ayuntamientos del territorio recibirán 19,2 millones más. En el caso de Bizkaia las cifras se mantienen en negativo. Según las previsiones, los ayuntamientos vizcainos contarán con 19,9 millones menos.
Miner compareció ayer ante los medios de comunicación antes de que comenzara en el Palacio Foral una reunión entre representantes del departamento de Hacienda y los ayuntamientos del territorio para analizar las previsiones del FFFM. La directora de Política Fiscal explicó que debido a la evolución negativa de la recaudación fiscal no se cumplirán las previsiones recogidas en los prepuestos, con lo que los ayuntamientos del territorio deberán devolver 22,7 millones de euros. Ante este dato, matizó que la devolución es «mucho más leve» que la de 2011, cuando los ayuntamientos tuvieron que devolver 50 millones de euros. Según la información facilitada por la Diputación de Gipuzkoa, Donostia tendrá que devolver 6,2 millones, Irun 1,9 millones, Errenteria 1,2 millones, Eibar 858.000 euros y Zarautz 700.000, mientras que en el otro extremo de la lista se sitúan municipios como Baliarrain, Orexa y Gaintza, que tendrán que ingresar en las arcas forales algo más de 8.000 euros cada uno.
Miner pidió prudencia a los consistorios a la hora de ejercutar sus presupuestos y advirtió que a los 22,7 millones a devolver podrían sumarse otros 10,5 millones debido al impacto que podrían tener sobre la financiación municipal las discrepancias existentes respecto al cupo. Por el contrario, se estima que los ayuntamientos tendrán un ingreso adicional de 2,3 millones por la parte que les correspondería de la recuperación de las vacaciones fiscales.
Respecto a la devolución de las liquidaciones negativas, recalcó que la Diputación no ve con buenos ojos los aplazamientos continuos y planteó a los ayuntamientos ejecutar todas las devoluciones durante 2013. Durante la reunión de ayer abordaron las fórmulas que plantean los ayuntamientos para la devolución de este importe durante 2013, ya que, según reiteró- «no hay previsión de dar aplazamientos más allá» de ese ejercicio. Miner quiso hacer llegar un «mensaje positivo» a los alcaldes guipuzcoanos respecto al ejercicio 2013, ya que la Diputación aportará a los municipios a través del FFFM 395,5 millones, lo que supone 19,20 millones más (5,13%) que la previsión de liquidación de 2012 (374,27 millones) y 3,5 millones menos que el presupuesto de 2012. Esa cantidad incluye el compromiso tomado por el diputado general, Martin Garitano, de subir medio punto la financiación municipal este año y otro 0,5% en 2013.
Durante el encuentro de ayer, los responsables forales y municipales también abordaron la norma foral sobre la estabilidad presupuestaria de los municipios que la Diputación está desarrollando a fin de hacer frente a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se está «imponiendo» desde Madrid y poder así «habilitar normativamente esta cuestión« y fomentar que los municipios guipuzcoanos puedan hacer frente a los objetivos marcados en la ley «sin ahogarse». Iraia OIARZABAL
El portavoz de Bildu en las Juntas Generales (JJGG) de Araba, Gorka Ortiz de Guinea, reclamó ayer a la Diputación del herrialde que incluya en los presupuestos de 2013 los 33 millones de euros que corresponden a las entidades locales por la recaudación de las «vacaciones fiscales». En una rueda de prensa ofrecida ayer en Gasteiz, Ortiz de Guinea detalló que la citada petición, sustentada en un acuerdo ratificado por las JJGG en 2011, tiene como destinatario a la Hacienda foral.
«Deben incluir esas cantidades en los presupuestos para paliar, aunque solo sea en parte, el grave recorte presupuestario que están sufriendo las entidades locales», destacó el juntero abertzale, que recordó que, durante el presente ejercicio, la Diputación de Araba ha recaudado 209 millones de euros. Según explicó, el 70% de esta cantidad -unos 146 millones de euros- deben ser entregados al Gobierno autonómico, tal como se dictaminó en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, y el 53% de los 62.7 millones restantes -más de 33 millones de euros- tienen que ser repartidos entre las cuadrillas, los ayuntamientos y los concejos del herrialde. En este sentido, el portavoz soberanista advirtió de la difícil situación económica que atraviesan las entidades locales. «No nos podemos permitir esas cantidades paralizadas en el frigorífico. La mejor forma de luchar contra la crisis es mover ese dinero», añadió. Sin embargo, De Andrés anunció ayer que la institución foral reservará el 70% del dinero ingresado por las «vacaciones fiscales» porque «puede darse la circunstancia de que hubiera que devolver el dinero a las empresas». También argumentó que las administraciones de la CAV están «bajo la presión de una posible sanción internacional de la Unión Europea», por lo que, a su parecer, deben contar con recursos económicos para afrontarla. Ion SALGADO
