Minutos antes de iniciar una movilización ante la sede del Gobierno de Gasteiz en la Gran Vía de Bilbo, el comité de Formica se vió sorprendido con una llamada de sus compañeros en Galdakao informándoles de que un fuerte dispositivo de la Ertzaintza se acercaba a la planta para posibilitar sacar material de la misma.

Desde hace 41 días, los trabajadores hacen turnos para evitar que se desmantelen las instalaciones. Bittoren Olano, jefe de recursos humanos de Formica, se presentó con los ertzainas para «intentar desalojarnos para poder sacar chapas y moldes para llevarlas a Valencia», explicó el presidente del comité, José Luis Vélez. Añadió que «la dirección vuelve a mostrar mala fe intentando imponer a la fuerza sus intenciones».

Sin embargo, según explicó Gotzon Almaraz, «los propios ertzainas detuvieron la operación y criticaron a la dirección porque no había orden judicial». En este sentido, denunció «la prepotencia de la empresa» y recordó que hoy mismo serán despedidos otros cinco trabajadores, lo que suma ya 121 desde que, el pasado 19 de octubre, la dirección de Formica comenzase a ejecutar el expediente de extinción para 169 trabajadores.

La demanda colectiva de los trabajadores está presentada ya en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y esperan «sea cursada con brevedad, porque se nos terminan los resortes para aferrarnos a nuestros puestos de trabajo y a una planta que lleva en Galdakao 66 años».

El comité de empresa recordó ayer que «quienes van a la calle van con 20 días de salario por año trabajado y con un tope de una anualidad, lo que significa aplicar la última reforma laboral, que es el verdadero motivo para el expediente en Formica, que está dejando sin muchos puestos de trabajo a las empresas de la zona y poniendo la `pistola' en manos del empleador». Quienes faltan por salir son los que se encuentran realizando las tareas de desmantelamiento a las que han sido asignados, explicó el comité.

Además, otro grupo de diecisiete personas «está valorando la oferta de trasladarse a la planta de Valencia, con unas condiciones que consisten en una ayuda de 6.000 euros brutos para el desplazamiento, respeto de la antigüedad e incorporarse a aquella empresa, pero sin ninguna garantía de duración del contrato».