Los entes, organismos y entidades del sector público del Estado español que estén en situación de déficit o cuyos presupuestos se hayan reducido un 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los dos anteriores podrán aplicar despidos colectivos entre su personal laboral desde hoy mismo.

El despido sería por causas económicas con indemnizaciones de 20 días por año trabajado. Se entenderá por causas económicas una «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes».

Así lo fija el real decreto ley 1483/2012, que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recoge el nuevo reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de jornada.

Los funcionarios quedan excluidos de los despidos, mientras que el personal laboral fijo que hubiera adquirido esa condición a través de un proceso tendrán «prioridad de permanencia».