Bruselas insiste en que Catalunya debe negociar la independencia con Madrid
La Comisión Europea insistió ayer en que el marco legal de la independencia de Catalunya debe ser negociado entre Barcelona y Madrid para salir al paso de la polémica suscitada por una carta enviada por la comisaria Viviane Reding al Gobierno español, que fue interpretada de forma interesada por algunos como la confirmación de que la posición oficial de Bruselas es que Catalunya quedará fuera de la UE si se independiza.
Mirari ISASI | BILBO
La Comisión Europea (CE) volvió a rechazar ayer pronunciarse sobre las consecuencias legales de una eventual independencia de Catalunya si no lo solicita el Gobierno de un Estado miembro, al tiempo que insistía en que «corresponde a las partes organizar las nuevas modalidades de funcionamiento» y confirmaba que ello implicaría un cambio en los tratados europeos. «Cuando nos presenten un escenario jurídico podremos pronunciarnos», manifestó el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly.
Bailly salió así al paso de la polémica suscitada por la filtración al diario «El País» de una carta de la vicepresidenta de la CE y comisaria de Justicia, Viviane Reding, al secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, en la que algunos quisieron ver la confirmación de Bruselas a Madrid de que una Catalunya independiente quedaría fuera de la Unión Europea (UE). «Yo no leo eso», dijo.
La CE trata de mantenerse neutral sobre la cuestión catalana, pero cada vez que uno de sus comisarios habla, salta la polémica.
La carta de Reding, fechada el 4 de octubre, respondía a una misiva previa de Méndez de Vigo en la que el representante español recordaba a la UE que debe respetar las estructuras constitucionales y políticas y la integridad territorial de sus estados miembros, que es competencia exclusiva de ellos, y «no puede reconocer una declaración unilateral de independencia de parte de un estado miembro». Según lo publicado por agencias y medios españoles, Reding responde que «coincide plenamente con el análisis del marco constitucional europeo» que hace Méndez de Vigo.
Y la polémica estaba servida. Ayer por la mañana, Pia Ahrenkilde, portavoz de la CE, indicó a «Vilaweb» que Bruselas no puede manifestarse sobre la posible independencia de Catalunya hasta que un Estado miembro se lo pida explícitamente aportando datos concretos sobre el caso.
Horas más tarde Olivier Bailly insistió en que Bruselas solo dará su dictamen jurídico sobre la independencia catalana y su impacto sobre su posible salida de la UE si el Gobierno español se lo pide presentando un escenario de cómo sería la separación. Antes no, porque, subrayó, «corresponde a las partes organizar nuevas modalidades de funcionamiento».
«Posición oficial»
Bailly señaló que la carta de Reding refleja la «posición oficial» de Bruselas y agregó que en ella se limita a «referirse a respuestas ya dadas por el presidente», Jose Manuel Durao Barroso, quien sostuvo que «la solución debería encontrarse a través de la negociación dentro del ordenamiento legal internacional», intentando así mantener la línea marcada por Ahrenkilde sin desautorizar a Reding. De hecho, la carta finalizaba diciendo que la intención de su entrevista en el «Diario de Sevilla» era explicar que «confía plenamente en el sentido común y el europeísmo de los españoles para resolver esta cuestión en el ámbito doméstico propio».
Al ser preguntado por si la conclusión de la citada misiva es que Catalunya quedará fuera de la UE en caso de independizarse, Bailly dejó claro que «yo no leo eso», aunque indicó que «si una parte de la UE deja de ser miembro, sus ciudadanos no podrán beneficiarse de las ventajas de la ciudadanía de la UE».
El portavoz del Govern, Francesc Homs, hizo hincapié en que la UE sigue sin tener una «posición definitiva» sobre las consecuencias de una eventual independencia de Catalunya, al tiempo que restó importancia a la carta de Reding.
Homs lo consideró hasta cierto punto lógico, ya que Catalunya no ha formalizado de momento ningún proceso independentista. En cualquier caso, el portavoz del Govern se mostró convencido de que «algo planteado en términos estrictamente democráticos en el marco de una Europa unida debería tener un recorrido».
La Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres, que el próximo 25 de noviembre concurrirá por primera vez a unas elecciones autonómicas, presentó ayer su programa electoral, para lo que eligieron el Centro de Atención Primaria de la Guineueta (Barcelona), lastrado por los recortes aprobados por CiU y PP.
El cabeza de lista por Girona, Lluc Salellas, el número tres por Barcelona, Quim Arrufat, y el portavoz nacional, Adam Majó, fueron los encargados de presentar un programa vertebrado entorno a cuatro ejes: la construcción nacional -con los Països Catalans como sujeto nacional y el derecho a decidir como vía-; un nuevo modelo económico, social y cultural que reparta equitativamente la riqueza; la igualdad de oportunidades, las libertades y los derechos sociales y laborales; y por último, la defensa del territorio, basada en un modelo sostenible al servicio de las personas.
El programa, sin embargo, no es el único documento elaborado por las bases de la CUP, ya que también se han dotado de unos principios de acción política, en los que muestran su compromiso con una manera de hacer política basada en la transparencia y la democracia directa. Por ejemplo, Arrufat explicó que limitarán el sueldo de sus diputados a un máximo de 2,5 veces el salario mínimo -ya lo hacen en los municipios-, evitarán duplicidades de cargos y pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La CUP-AN informó, además, de que ya se han creado más de 200 grupos de apoyo a la candidatura en todo el territorio, mientras se siguen multiplicando las asambleas abiertas para elaborar un programa que, como señalaron ayer, no está todavía cerrado. También han puesto en marcha una campaña de donativos, ya que se niegan a negociar ningún tipo de crédito con entidades financieras. Beñat ZALDUA
El diario escocés «Newsnet Scotland» informó hace unos días de las presiones del Gobierno español para cambiar las palabras de Reding en el «Diario de Sevilla» y agregó que ante la irritada reacción española, la Comisión quiso cambiar esas declaraciones, según informaron «Vilaweb» y «Ara».
