La legislatura que ahora termina arrancó en 2009, con Patxi López como lehendakari e Isabel Celaá en la Consejería de Educación. El nuevo Gobierno se formó tras un proceso electoral que excluía a una parte muy significativa de la sociedad y gracias al pacto suscrito por el PSOE con el PP, que suponía la colaboración de estos dos partidos en el diseño de las líneas fundamentales de trabajo, incluidas las referidas a educación. Un segundo elemento fundamental de la legislatura ha sido una situación de crisis económica, que entonces no hacía más que empezar. En abril de 2009 STEE-EILAS planteó a los nuevos responsables del Departamento de Educación las preocupaciones y demandas que consideraba prioritarias para el área. Un somero repaso a lo que entonces transmitimos al Departamento evidencia la enorme distancia entre lo que queríamos y lo que se ha realizado. Tres años y medio más tarde nos encontramos con un sistema educativo que no ha avanzado en casi nada.

La consejera Celaá ha vivido del tópico y la imagen, desde la educación no es un gasto sino una inversión al aquí no se aplican los recortes de Madrid. Los hechos -vía política presupuestaria- contradicen estas afirmaciones y expresan claramente la decisión de este Gobierno de reducir el gasto/inversión en Educación. Así, pese al continuo aumento del alumnado, el presu- puesto destinado a Educación desciende. Este último año 2012, se produce un descenso del 0,9%, 24 millones de euros menos, que se acumula a los recortes anteriores. Respecto al PIB, el gasto educativo en la CAPV ha ido descendiendo, desde el 4,1 % de 2009 al 3,8 actual, muy lejos del gasto educativo medio de la OCDE (6,1 %) o recomendaciones de organismos o acuerdos internacionales. Quien trabaja en educación a pie de obra sabe que sí hay recortes y que estos se notan (mayor carga de trabajo, ratios de alumnado más elevados y menos recursos). Al mismo tiempo, se han encarecido otros servicios públicos: oferta de Haur Eskolak en 0-2 años, comedores, matrículas de la UPV...

No se puede hacer una valoración positiva respecto a la política educativa que ha seguido este Departamento. Por una parte ha destacado por su seguidismo a las políticas de Madrid. Especialmente durante el mandato de Zapatero, han aplicado de forma acrítica las propuestas del Gobierno central, cubriendo la carencia de propuestas propias. Un ejemplo es el III Plan de Formación Profesional, que es en la práctica la aplicación de los planteamientos del Ministerio, obviando la capacidad propia y las necesidades de nuestra FP. El plan Escuela 2.0 se introduce con calzador, de forma rígida y obligatoria, despreciando la autonomía de centro. En otras cuestiones, ni se ha realizado una lectura crítica de las propuestas ni se ha utilizado el margen que ofrece el autogobierno para buscar propuestas más acordes con nuestra realidad. En segundo lugar hay que denunciar la obsesión político-identitaria del equipo de Celáa. Se empezó culpando al conjunto del profesorado de adoctrinamiento en las aulas. Se continuó expurgando del currículum la palabra Euskal Herria, en una actuación sin ningún sentido pedagógico. Se siguió con un plan de paz que se transformó en plan de deslegitimación del terrorismo, que tuvo que ser reelaborado a causa de su carga partidaria. Este tipo de iniciativas, exigidas por el pacto con el PP, son actuaciones de cara a la galería, motivadas por discursos y análisis que poco tienen que ver con la situación diaria y con las preocupaciones de los centros educativos. Tampoco se puede olvidar la marginación que ha tenido el euskara. Se cambió el sistema de matriculación para evitar supuestos impedimentos en la matriculación en modelo A, pero año tras año ha seguido descendiendo. Se desmentía así la teoría de la presión de un Gobierno nacionalista y la demanda inducida como causa directa de la cada vez más masiva apuesta por estudiar en euskara. La evaluación de diagnóstico detecta año tras año que el euskara es, con diferencia, la materia más necesitada de refuerzo, pero el Departamento no ha propuesto ningún cambio para mejorar la situación, algo impensable si se tratara de otra asignatura. El llamado Plan de Educación Trilingüe nos lleva a una situación en la que, respecto al mayoritario modelo D, aumentan las horas lectivas en castellano y en inglés ¡reduciéndose las impartidas en euskara! Además, el desarrollo de las propuestas se ha realizado a menudo con prepotencia (la imposición como talante), despre- ciando el diálogo y el contraste con los diversos actores de la comunidad educativa. Se atrevieron a firmar un acuerdo de condiciones laborales en la ense- ñanza pública para tres años con una minoría sindical del %27.

Hacer más con menos era el planteamiento que repetían los responsables del Departamento. La herencia que deja tras de sí esta legislatura es terrible. Ha traído un empeoramiento de las condiciones laborales que hubiera resultado impensable hace pocos años. La política por la que han optado los gobiernos tanto de Madrid como de Gasteiz hace recaer el coste de crisis sobre los y las trabajadoras. Esa es la realidad de los trabajadores y trabajadoras del sector: hacemos más trabajo, con más alumnado, con más exigencias, con menos sueldo, con menos sustituciones, con menos recursos, con menos formación, con menos expectativas de jubilación... Por eso, en todos los sectores y ámbitos educativos ha habido motivos para la protesta y hemos estado en la calle una y otra vez.¡Y seguiremos estando!

Finalizada la legislatura, se inicia una nueva etapa con un nuevo Gobierno a constituir, que hereda ese panorama desolador. Si es verdad lo que hemos oído a las diferentes formaciones políticas y el mantenimiento de los servicios públicos de modo universal y gratuito es algo más que una frase electoral, es indiscutible que la educación debe ser uno de esos servicios a mimar y colocar en el centro de las preocupaciones de ese nuevo Gobierno. Es necesario recuperar el nivel presupuestario que se merece y volver al tiempo anterior a los innumerables recortes.

Al Gobierno que va a venir le queremos decir, de manera muy clara, que no aceptamos las medidas que se han venido aplicando durante estos últimos años, que son medidas que perjudican la calidad de enseñanza y atacan nuestras condiciones laborales y derechos sindicales, que es necesario un cambio radical en la política educativa, que hay otras maneras de afrontar la crisis, que los servicios públicos son intocables, es más, que deben fortalecerse más que nunca como garantía de la cohesión social. Y también le decimos que las y los trabajadores no estamos dispuestos a aguantar más, que están en peligro los niveles de calidad conseguidos por el sistema educativo vasco y que no admitiremos que se continúe una legislatura más por este camino.

Los sectores más desfavorecidos de la sociedad, quienes trabajamos en la educación y la propia sociedad, todos y todas, tenemos mucho que perder. En concreto demandamos:

-El Departamento debe ejercer su liderazgo con una política educativa propia, conforme a las necesidades reales del sistema. Desarrollo de una normativa propia y resistencia efectiva ante las imposiciones de Madrid.

-El gasto público en educación debe llegar al 6%, común en Europa.

-La escuela pública debe ser el eje en torno al cual se articule el sistema educativo, y eso debe tener un reflejo directo en el mapa escolar.

-Hay que mejorar las infraestructuras escolares y responder a nuevas necesidades.

-Ante los nuevos retos (TIC, inmigración, convivencia, fracaso escolar...) se precisan nuevos recursos y estrategias eficientes.

-La oferta pública en el tramo 0-3 debe extenderse y realizarse en parámetros de calidad (ratios, recursos, instalaciones...) y gratuidad. No rotundo a las casas nido.

-Apuesta por una escuela integradora y no escuelas-ghetto (generalmente modelo A en la pública con altas tasa de población inmigrante y bajo nivel socio-económico).

-Atención específica a los centros escolares en zonas rurales y eskola txikiak.

-Reforzamiento de la enseñanza del euskara, con un modelo que garantice niveles adecuados de conocimiento al acabar la enseñanza obligatoria. El plurilingüismo no puede ser una excusa.

-Mejorar las condiciones para todos y todas las trabajadoras de los diferentes sectores del ámbito educativo, activando la negociación colectiva.

Si se nos ofrecen posibilidades de debate o compartir niveles de acuerdo, sabremos estar a la altura de las circunstancias. Si no, nos tendrán enfrente.