Juan Calparsoro, fiscal jefe del TSJPV y como tal responsable de la investigación de las denuncias de bebés robados en la CAV, afirmó ayer que «en ninguno de los procedimientos abiertos» en torno a esos robos «se ha podido acreditar existencia de delito», si bien matizó que «está claro que se debieron producir situaciones de ilegalidad en esas adopciones, con o sin contraprestación económica».

En su comparecencia en las Juntas de Gipuzkoa, Calparsoro ofreció además algunos datos sobre cómo se encuentran ahora mismo las investigaciones abiertas en ese sentido. Según el fiscal del TSJPV, de los 197 procedimiento abiertos en Gipuzkoa por presuntos casos de sustracción de recién nacidos o adopciones irregulares entre las décadas de los 60 y 80 se han archivado un total de 87. En Araba, de los 34 procedimientos puestos en marcha se han archivado la gran mayoría, 27, y en Bizkaia, de los 74 abiertos se han cerrado 46 expedientes.

Calparsoro realizó estas declaraciones en la comisión de estudio sobre bebés robados de las Juntas de Gipuzkoa, donde contestó a las cuestiones planteadas por los diferentes grupos.

En sus respuestas, el fiscal jefe del TSJPV subrayó que en todos los procedimientos, «en cuanto se ha visto un mínimo de credibilidad de las denuncias se ha realizado una intensa y exhaustiva investigación por parte de la Ertzaintza, de los jueces y de los fiscales», por lo que aseguró con rotundidad que «no se ha ahorrado ningún esfuerzo».

Tumbas vacías

Calparsoro también se refirió a las tres exhumaciones practicas en Gipuzkoa hasta la fecha, informando de que de las tres en dos no se habían encontrado restos orgánicos de recién nacidos, siendo una de ellas la situada en el panteón de la familia Losa-Ocáriz, caso por el que el fiscal mostró «una especial preocupación». En la tercera tumba si que se encontraron restos, por lo que el caso quedó sobreseído. Con todo, algunos médicos forenses sostienen que el paso del tiempo puede haber hecho desaparecer los restos de los cadáveres.