Un centenar de bomberos corrieron ayer, como chiquillos, delante de toros de rueda por el recorrido del encierro. Lucían uniforme, con chaleco ignífugo y casco, lo que daba empaque a la singular carrera. En algunos de los cascos y en buena parte de las solapas aún lucían el emblema de la señal de prohibido con las tijeras en el centro. Aunque la gracia de la protesta consistía en no ser corneado por las puntas de la cornamenta tijeril de los toros, los bomberos de Iruñea tienen clavado bien hondo la forma con la que el Ejecutivo de UPN ha dilapidado, sin ton ni son, el dinero que debía de fortalecer la Agencia Navarra de Emergencias (ANE). En particular, les duelen 16,52 millones de euros.

El encierro terminó detrás de la Plaza de Toros. Ahora es un solar vallado, pero antes fue un parque de bomberos. Lo tiraron para construir el Museo de los Sanfermines, proyecto en su día criticado por todos y hoy papel mojado. Esta idea fue una de las grandes promesas de Yolanda Barcina cuando era alcaldesa de la ciudad e incluía la remodelación completa de los parques y los edificios destinados al sector de las emergencias. Todas estas modificaciones supusieron un desembolso para las arcas públicas de 28,99 millones de euros. Pero la mayor parte de ellos no sirvieron de nada.

Solares y mucho «humo»

En los proyectos del Museo de los Sanfermines se han gastado 4,82 millones de euros para que de él solo quede un solar. Además, el Gobierno desembolsó 11,7 millones de euros en los terrenos de la antigua fábrica de Liebherr. En teoría, sobre esa finca se iban a construir un edificio que unificaría los servicios de los distintos parques de bomberos que están distribuidos por toda Nafarroa. Sin embargo, este proyecto también se ha quedado paralizado. Según denunciaron los propios bomberos, todo esto no es nada más que «humo».

«Y ahora dicen que hay que apretarse el cinturón», denunció el portavoz de los uniformados. «Quienes han realizado todo esto hablan de gestión eficaz. Así justifican la eliminación de servicios y personal para ahorrar unas migajas en comparación con lo que han dilapidado», continuó.

Los bomberos también critican que se les quiere silenciar, pero no están dispuestos a dar su brazo a torcer. «Mientras dure esta situación de injusticia social generalizada, seguiremos denunciándola, así como a sus culpables. Porque defendemos un modelo político, económico y social que no esté basado en la injusticia y el «chanchulleo» al que nos tienen acostumbrados, pese a que intenten evitarlo legislando leyes propias de otros tiempos», prometieron, haciendo referencia a la polémica normativa, impuesta por el Gobierno. Esta directriz impide a los funcionarios lucir lemas en contra de los recortes o colgar carteles de denuncia sobre su precarización laboral y el recorte en servicios públicos en los edificios donde trabajan.