Era de los pocos ministros que hasta ahora no había puesto su granito de arena, pero ayer irrumpió en escena a lo grande. El ministro español de Defensa, Pedro Morenés, declaró que el Ejército español «es consciente de la gravedad y la trascendencia del desafío independentista» y confirmó que mantendrán los vuelos de los F-18 del Ejército en territorio catalán; unos ejercicios militares denunciados por alcaldes de los municipios afectados y que suscitaron una gran polémica después de que europarlamentarios catalanes elevasen una queja a la Comisión Europea. Precisamente, es en el marco europeo donde se sigue librando una de las batallas diplomáticas, con una Unión Europea que intenta hacer equilibrios, cayendo en constantes contradicciones.

El vicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia podría ser el paradigma de ello. El 9 de octubre aseguró que Catalunya quedaría automaticamente fuera de la UE si se independizase; dos semanas más tarde declaró que «no es honesto decir que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE»; y, finalmente, ayer volvió a señalar que «si la parte de un territorio de un Estado miembro se separase, quedaría fuera y tendría que volver a empezar».

Debate envenenado

El de la salida o no salida de la UE es un debate enquistado y algo envenenado, ya que nadie puede asegurar qué pasaría si Catalunya definitivamente se independizase, simplemente porque no hay precedentes. Al mismo tiempo, le sirve al Estado para evitar el debate sobre el tangible derecho a decidir y centrarse en la especulación sobre una Catalunya fuera de la UE.

Pero las amenazas del Estado español no son las únicas reacciones suscitadas por el auge independentista en el Principat. La ofensiva va bastante más allá y ha tenido su punto culminante durante los últimos días, con la publicación de sendos manifiestos de la intelectualidad estatal en contra del proceso soberanista. Uno publicado en «El País» a favor de fórmulas federalistas y otro en «El Mundo», dirigido directamente contra el separatismo. Fórmulas diferentes con un mismo objetivo, como lo muestra el hecho de que personajes como Mario Vargas-Llosa no hayan tenido reparos en firmar ambos escritos.

Mas, el principal beneficiario

Pero conviene pararse a pensar en quién es el beneficiario de esta ofensiva estatal de cara a las elecciones. No son pocos los analistas que han señalado que los réditos del anticatalanismo cultivado desde el Gobierno y las redacciones de Madrid se los llevará CiU y, sobre todo, su candidato, Artur Mas.

El ahora president en funciones se esfuerza día tras día en erigirse no como candidato de un partido, sino como candidato de un país en conflicto con el Estado y, en cierta manera, Rajoy le está haciendo la campaña para que así sea.

Hay quien también ha apuntado ya que ese podría ser, precisamente, el escenario menos malo para Rajoy: una mayoría absoluta de CiU que libere a Mas de pactos con partidos explícitamente independentistas y así poder negociar, de alguna manera, un nuevo encaje.

Esta idea se basa en la premisa de que CiU pudiese dar marcha atrás en el proceso emprendido. Es el gran interrogante. Es cierto que el programa de la federación nacionalista es el menos ambiguo de su historia y que en él se mencionan, textualmente, el objetivo del Estado propio y la consulta a la ciudadanía.

Sin embargo, la independencia sigue siendo una palabra vetada y las constantes declaraciones contradictorias del número dos de la federación, Josep Antoni Duran i Lleida, no ayudan a despejar las dudas. Sin ir más lejos, la semana pasada señaló que la independencia de Catalunya le parecía «casi imposible».

La izquierda, sin alternativa de Gobierno

Pero, pese a las contradicciones de CiU, nadie duda de que será el inapelable vencedor de las próximas elecciones. Más que nada porque, como señaló ayer Josep Ramoneda, aunque la federación perdiese 10 escaños, la izquierda sería incapaz de plantear una alternativa.

El filósofo efectuó estas declaraciones en una mesa redonda titulada `Izquierda y país', en la que también participaron el exlíder de ERC Josep-Lluís Carod-Rovira, el exdirigente del PSC Ernest Maragall y el eurodiputado de ICV-EUiA, Raül Romeva. La idea sobre la que se debatió fue la necesidad de construir un bloque de izquierdas nacional como contrapeso al dominio de CiU.

Y es que los augurios no son buenos para las formaciones que van desde el centro a la izquierda, con la feliz excepción de la CUP, que cuenta con serias posibilidades de obtener representación en su debut electoral en unas parlamentarias.

Según los últimos sondeos, el PSC seguiría su particular descenso a los infiernos -el PP podría llegar a ser segunda fuerza-, ERC subiría pero sin marcar un discurso propio de la izquierda -ayer su candidato, Oriol Junqueras, volvió a prometer fidelidad a Mas si mantiene el proceso soberanista- e ICV se mantendría, con posibilidades se robar algún escaño al PSC.

Todo esto en un país al límite, con un desempleo registrado de 640.000 personas y en el que, solo durante el día de ayer, más de un centenar de personas ocuparon la sede de Catalunya Caixa en contra de los desahucios, se conocieron las intenciones de CiU de privatizar el Hospital Clínic, un mosso d'esquadra fue condenado a un año por reventar los testículos a un detenido y cinco trabajadores de Telefónica iniciaron una huelga de hambre contra el despido de un compañero.