La minoría rohingya, es un grupo étnico musulmán, que fue despojado de la ciudadanía en Myanmar en 1982 y sus miembros considerados inmigrantes ilegales de la vecina Bangladesh. En opinión de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, esta minoría «es una de las más perseguidas en el mundo». La similitud de su idioma con el hablado en Bangladesh ha hecho que miles de ellos se refugien en el pasado en el citado Estado, donde tampoco han podido escapar de la persecución.

La violencia comunal se remonta a la época de la colonización británica, cuando miles de trabajadores fueron desplazados desde la India británica hacia Birmania,. La posterior utilización colonialista de parte de esos emigrantes en puestos de la administración colonial o el acceso a sectores comerciales generó ya entonces un rechazo en otros grupos locales.

Tras la independencia la situación va a empeorar para esta minoría, siendo objeto de una grave «discriminación institucionalizada de la población local budista de Rakhine y del Gobierno central». Así, ya en 1982 se les va a negar la ciudadanía en su mayor parte, a pesar de que su presencia en la zona se remonta a varias generaciones. Esta medida va a tener importantes consecuencias negativas para los rohingya: requieren de un permiso oficial para viajar más allá de sus aldeas, lo que restringe su capacidad para trabajar, estudiar o recibir servicios de salud. «También sufren discriminación y las prácticas de varios decretos, incluidas las restricciones de matrimonio, los impuestos arbitrarios, y el trabajo forzoso. Este tratamiento ha llevado en el pasado a varios casos de éxodo masivo de refugiados a la vecina Bangladesh y la formación de varios grupos armados insurgentes».

La utilización por parte de la Junta Militar de un nacionalismo birmano y el budismo como soportes de su estatus, también ha contribuido a ese deterioro de las relaciones y a la aparición de episodios de violencia comunal, que posteriormente han sido «manipulados por las diferentes agencias estatales». Algunos analistas apuntan que los recientes cambios de la política de los dirigentes birmanos, en sintonía con la apertura y las reformas que están teniendo lugar en el país, hacen más difícil ubicar la raíz o el motivo de los recientes enfrentamientos. En ese sentido hay quien apunta que detrás de esta espiral de violencia podemos situar «los recientes ataques contra una mezquita en el estado de Kachin, por parte de monjes budistas o que incluso, la competencia de los intereses comerciales estaría detrás de los ataques a las empresas musulmanas».

Otros señalan que el levantamiento de las restricciones sobre Internet podrían haber abierto la puerta a la circulación de mensajes incendiarios de uno u otro tipo, sin embargo la escasa presencia de esta tecnología en la zona hace poco probable que ese sea el motivo central.

Los retos y cambios, tanto políticos como económicos, no están exentos de peligros. La existencia de minorías religiosas (musulmanes), étnicas y migrantes (chinos e indios) en Myanmar durante varias generaciones, puede convertirse en el foco interesado de algunos actores para obstaculizar el citado rumbo emprendido por los actuales dirigentes birmanos. La posibilidad que las citadas comunidades, por lo general «concentradas en determinadas zonas, profesiones o negocios, sean vistas como receptoras de beneficios desproporcionados a medida que la economía se abre y crece, frente a la situación empobrecida de otros sectores», puede dar paso a un incremento de la «denomización de los llamados extranjeros» y al brote de nuevos episodios de violencia.

La tensión y los incidentes de junio se han reproducido en octubre, y a pesar de los intentos interesados del Gobierno por resolver la situación, las muertes se siguen sucediendo.

En estos momentos, lo que más preocupa al Gobierno de Myanmar es que su proceso de reformas se vea alterado por estos acontecimientos, y que la presión internacional (que no se centra tanto en la situación de los rohingyas, como en sus propios intereses en el país) acabe con el camino emprendido por la élite birmana.

Y si bien la preocupación del actual presidente, Thein Sein, ha quedado manifiesta en sus propias declaraciones, «la violencia pone los movimientos del país hacia la democracia en peligro», en toda esta historia cabe resaltar también el silencio de la figura opositora, tan alabada en Occidente, Aung San Kyi.

La dirigente opositora ya ha sido criticada en otras ocasiones por su ambigua postura en torno al derecho de autodeterminación de los pueblos que a día de hoy se ubican dentro de las fronteras de Myanmar. Sin embargo en esta ocasión todo parece indicar que junto a sus reticencias étnicas, en el caso de los rohingyas cabría unir sus reparos religiosos.

Desde hace tiempo algunos sectores y observadores han venido manifestando sus dudas ante las posturas de la oposición oficial en Myanmar, y algunos incluso se han atrevido a apuntar que el peso del pueblo birmano y de la religión budista son las líneas rojas que ni gobierno ni oposición oficial parecen dispuestos a traspasar.

Tal vez el conflicto en torno al pueblo rohingya pueda alterar esa dinámica, siempre y cuando no sea tarde para ellos, y sobre todo si la llamada comunidad internacional no deja de mirar hacia otro lado.