La decisión del Tribunal Constitucional de avalar los matrimonios gays es una muy buena noticia para las miles de parejas que lo habían contraído y para los derechos de todas las personas. Se trata de un fallo que consolida y blinda la igualdad de beneficios, protección y responsabilidades de todas las personas casadas, que avanza en la lucha contra la injusta discriminación y el hostigamiento que han padecido y contribuye en la profundización de una cultura del respeto y la tolerancia hacia la diversidad sexual. Una decisión en la lógica de los tiempos que debe celebrarse sin euforia, conscientes de que los sectores que anunciaban «el fin de la familia y la sociedad» imponiendo discursos moralistas y «manuales de buena conducta» siguen movilizados y cuentan con poderosos resortes.

Gays y lesbianas son algo más que cónyuges iguales en una relación; son compañeros y compañeras iguales en una sociedad donde quien lo desea debe poder contraer matrimonio con independencia de su sexualidad. Cerca de 2.000 ciudadanos de Euskal Herria viven ese matrimonio. Un país, el nuestro, que allá por 1994 vio cómo el Ayuntamiento de Gasteiz creaba el primer registro de uniones civiles también para homosexuales, o cómo el Parlamento de Nafarroa votaba en 2000 a favor de las parejas del mismo sexo y con derecho a adoptar, pese a la oposición de UPN y PP. Una sociedad moderna, plural y diversa como la vasca solo puede saludar esta noticia desde la sintonía con su propia realidad.

Las futuras generaciones mirarán un día atrás y seguro que se preguntarán, incrédulas, cómo pudieron ser ilegales los matrimonios gays, un absurdo tan grande como la prohibición de los matrimonios interraciales o del voto a las mujeres. Pero mientras la ignorancia y la intolerancia sean todavía parte de nuestra sociedad, mientras los argumentos religiosos irracionales sigan bajando del púlpito a la esfera pública, decisiones como esta serán un paso más, una batalla ganada, para hacer efectiva la igualdad y la libertad de toda la ciudadanía.