«En mi opinión, no debemos aplicar la sentencia hasta que no sea firme. Si se convierte en firme, tenemos un problema. Pero, hasta entonces, debemos aplicar las resoluciones del Tribunal Constitucional». Así se expresaba ayer el juez Enrique López, en relación a la condena al Estado español por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en el mes de julio instó a Madrid a liberar a la presa política vasca Inés del Río. El magistrado es miembro de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española y uno de los togados que tendrá que determinar si el tribunal de excepción toma en cuenta el dictamen europeo, que actualmente está recurrido por parte del Estado español.

Estas palabras fueron pronunciadas ayer durante un seminario sobre la «repercusión de la doctrina Parot» que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid y en el que también participaron Julián Sánchez Melgar, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y Pablo Corominas, juez del Tribunal Constitucional. Todos ellos se mostraron favorables a mantener el alargamiento de las penas que se inició con la sentencia 197/2006 pero que ahora afecta a cerca de medio centenar de presos políticos vascos.

En la Gran Sala

«¿Qué pasa si Estrasburgo confirma su sentencia? Que tenemos un problema, porque España tiene que interpretar su legalidad en virtud de estos tribunales», afirmó el juez. Por el momento, el caso está en manos de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por este motivo, Madrid se resiste a aplicar la sentencia que le condenaba por el alargamiento de la pena a Inés del Río.